El reiterado argumento de distintos sectores, de que República Dominicana debe evitar vivir en un proselitismo casi constante, ha sido utilizado como motivación para realizar reformas en el ámbito legal, las que en la práctica han tenido pocos resultados. Con el tiempo, se ha demostrado que no es un tema jurídico, sino de cultura política.
La razón de la unificación
Después de que el electorado se comenzaba a acostumbrar a elegir sus autoridades locales en un proceso y dos años después, a elegir presidente y vicepresidente, se comenzó a hablar de lo nocivo e insostenible que supuestamente resultaba ese esquema. Los elementos positivos de la separación de las elecciones fueron eclipsados por el argumento de que el país no aguantaba elecciones cada dos años. Los que enarbolaban esa tesis vencieron arrolladoramente, y en la reforma constitucional del 2010 se volvieron a unificar los comicios, con un modelo un tanto extraño en el que la elección de los funcionarios municipales se realizan tres meses antes de las votaciones para elegir los legisladores y los representantes del Poder Ejecutivo. Después de eso se han hecho dos elecciones, y la sensación de proselitismo casi permanente no solo se ha mantenido, sino que algunos entienden que se ha intensificado.
Las leyes
Poner topes a los gastos de campaña y límites a su duración, como forma de, por fin, frenar un poco el proselitismo, estuvo en la lista de prioridades en las discusiones que se llevaron a cabo en los últimos años para producir una ley de partidos y actualizar la ley electoral. Independientemente de que ambas legislaciones resultaron defectuosas, se ha intentado aplicar algunas de las restricciones estipuladas en las normas, y se podría decir que algo se ha logrado, pero muy poco. Principalmente porque los partidos, que son los que han motorizado esas leyes en el Congreso, también han ideado formas para hacer trampa.
