Hemos sido testigos de la gran preocupación del alcalde David Collado en organizar el caos de esta ciudad. Quién mejor que yo para conocer lo difícil que es hacer que las personas respeten la ley y lo peor, es que los violadores generalmente son la parte de la población que se consideran educados y que cuando se les afecta sus derechos son los primeros en reclamar los mismos.
Hace pocos días el país fue testigo de que por un parqueo perdió la vida un ciudadano útil, que deja dolor y luto a su entorno familiar y que no es más que el reflejo que vivimos del irrespeto a las leyes y muchas veces por la falta de apoyo que las juntas de vecinos dan a las autoridades, sin dejar también de mencionar que muchas veces ocurre por el cúmulo de trabajo, la falta de recursos, o la debilidad en la aplicación de las leyes; también las autoridades tienen su cuota de responsabilidad.
Las áreas residenciales son invadidas por comercios. En una casa unifamiliar se instala un colegio, un consultorio, bar, sólo nos falta que también se instalen prostíbulos para terminar de redondear el irrespeto a la tranquilidad y la paz que los sectores residenciales van perdiendo.
Hace unos días oí con entusiasmo al alcalde David Collado, que apoyaría los reclamos de los residentes en áreas residenciales que se ven invadidos por negocios que violan el uso de suelo y que impiden el tránsito fluido como debe ser en una ciudad que hace esfuerzos por mejorar el caótico tránsito y que evite las molestias del ruido de salas de fiestas improvisadas que actúan indiferentemente al respeto ajeno, como sucedió en el ensanche Julieta el sábado pasado, donde ni el 911 que tanto reconocemos, ni la Policía lograron evitar que a los promotores del “Barsito Bar & Lounge”, en forma amenazante decidieran sino hasta las cuatro de la mañana terminar su jolgorio y a esa hora permitir el descanso de los vecinos.
Hace poco tiempo, con el apoyo del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Junta de Vecinos de Julieta logró que se evitara la instalación de la empresa Forcadel y su ARS, que como todos los demás, violaba el uso de suelo.
Cuando profesionales justifican las violaciones de las leyes, nos preguntamos ¿a dónde vamos? Como quiso uno justificarme la semana pasada, al argumentar que otros se habían instalado ilegalmente y que bajo esa premisa ellos podían hacer lo mismo. Este negocio se llama Edificio Profesional. Bajo este concepto estaríamos justificando las violaciones, el robo, la corrupción, la evasión, el aborto y todo lo que es contrario a la ley del hombre y de Dios.
Pero no sólo son los particulares, tenemos la oficina del Banco de Reservas que causa un trauma enorme al tránsito. Durante la campaña, la oficina política de Luis Abinader no permitía a nadie estacionar y cuando bloquean las entradas de las viviendas, respondían que podían estacionar donde quisieran.
Un edificio donde ahora se pretende instalar Remax Líder, con treinta empleados sin parqueo. Pero ese mismo edificio prometió convertir el primer piso como estacionamiento y lo convirtió en local, no conformes con que la administración anterior del cabildo les había obligado a derribar un quinto piso no autorizado.
El colegio Community Christian College, imagínense este es cristiano. No sólo viola el uso de suelo, sino que instala un negocio pared con pared con un negocio de venta de bebidas alcohólicas. Este impunemente viola dos leyes y no puede el propietario alegar ignorancia, ya que por muchos años fue funcionario del ayuntamiento.
El lunes se creó un caos enorme en el sector entre el colegio Snowzelen y otro que ha instalado un campamento, podremos imaginar en dos casas que tenían espacio para dos vehículos, ahora son ochenta vehículos.
Ha llegado el momento de que las juntas de vecinos y las alcaldías nos aliemos para organizar este caos que tanto cuesta y costará más a este país; porque no será un solo muerto por parqueo, se darán situaciones muy incómodas que hay que evitarlas aplicando las leyes. ¡Contamos con nuestras autoridades! Y al igual que con Forcadel, iremos al Tribunal Superior Administrativo a defender lo que las leyes establecen para una convivencia pacífica.
