Desde hace unas semanas, el Ministro de Educación, Ángel Hernández, habla de la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Educación, 66-97. Él, junto a diversas voces, afirma que esta está obsoleta, distante de las necesidades actuales del sistema educativo.
Por otro lado, ante la apertura del año escolar 2022-2023, en los medios empiezan a circular diferentes aristas del tema educación. Una de estas es el costo que enfrentan las familias para adquirir los útiles escolares. Una nota publicada recientemente por el grupo CDN estima el gasto entre 5,000 y 10,000 pesos por estudiante. Para una familia de escasos recursos se trata de una suma prohibitiva.
Así, tanto la reforma propuesta por Hernández como la dificultad de acceso de las familias a las herramientas para asistir a las aulas se relacionan con el artículo 63 de la Constitución Dominicana. El mismo establece que:
“Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.
En este punto, conviene explorar varias situaciones:
- La incapacidad de los hogares de gestionar recursos y materiales para la educación de sus hijos plantea una vulneración a este derecho, debido a la falta de oportunidad que descansa en esta limitación.
- Parte de las propuestas de acción del actual ministro de educación apelan a la participación de las familias en la formación de los hijos. Pero, los desafíos de movilidad, generación de ingresos y medios, representan una barrera operativa mayor a los aspectos normativos.
- La falta de solución a estos puntos supone dar cabida a un círculo vicioso, en el que la pobreza impide la mejora educativa y la falta de mejora educativa genera pobreza.
La introducción pasada abre paso al estado de situación de otros grupos etarios. Entre estos se encuentra la población que vive con algún tipo de discapacidad. En ese sentido, mientras para la familia de un estudiante sin discapacidad el costo de ingresar a las aulas oscila entre los 5,000 y 10,000 pesos, el monto puede llegar a duplicarse si se trata de un niño con alguna discapacidad. Es decir, a la vulnerabilidad dependiente de la condición física o sensorial se suman las barreras económicas.
Esta situación se traduce en una baja escolaridad de las niñas y niños con alguna discapacidad. Así, la encuesta ENHOGAR Mix 2019 indica que alrededor del 10 por ciento de los niños de 2 a 17 años en el país tiene alguna discapacidad. La encuesta registra sólo las discapacidades visual, auditiva y físicomotriz; y de estos, sólo 6 de cada 100 niños con discapacidad asiste a la escuela. Asimismo, el 23% de los niños que no asisten a la escuela en la República Dominicana tienen alguna discapacidad.
Esta ausencia suele estar relacionada con las dificultades de movilidad de las familias y las demandas de recursos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En ese sentido, un estudio para Republica Dominicana, sobre el impacto socioeconómico del Síndrome Congénito asociado al Virus del Zika (SCZ), evidencia que esta condición de salud impone un significativo esfuerzo económico a las familias, estimado en RD$ 9,600/mes o 62% sobre el salario mínimo.
Cabe señalar que ese cálculo no está considerando la adquisición de materiales educativos. Se refiere únicamente a aspectos elementales de la vida diaria.
En medio de este contexto es cuando la movilidad sostenible se cruza con la garantía del derecho igualitario a la educación. La movilización de estudiantes con discapacidad y de sus familias suele suponer un desafío en términos logísticos y de costo añadido.
En la República Dominicana sigue siendo una carrera de obstáculos desplazarse a centros educativos, entornos laborales y de salud. El sistema de transporte público, salvo el Metro de Santo Domingo, carece de condiciones idóneas para que usuarias de sillas de rueda o de otras herramientas de desplazamiento accedan a espacios amigables.
Del mismo modo, la falta de un servicio de transporte que permita la movilización de los estudiantes con discapacidad desde sus hogares a los centros educativos reduce las posibilidades de recibir docencia. A menudo las madres de niños y niñas con discapacidad se ven obligadas a decidir entre asistir al empleo o facilitar educación a sus hijos con alguna discapacidad.
Se hace énfasis en las mujeres porque la data disponible señala que 6 de cada 10 niños con alguna discapacidad viven sólo con la madre, debido al abandono paterno. Dicho en otros términos, el cuadro de desigualdad y vulnerabilidad de los hogares en los que vive un estudiante con discapacidad se erige en un muro insalvable.
En consecuencia, hay tres líneas de abordaje que conviene explorar al momento de reformar la ley de educación, de manera que se convierta en un instrumento para garantizar el acceso a la educación equitativa e igualitaria: - Contemplar el diseño de canales locales para la facilitación de herramientas y dispositivos de apoyo. En la actualidad estos los facilitan las organizaciones de sociedad civil y en unos pocos casos, quienes pueden comprar por internet.
- Articular los esfuerzos del Ministerio de Educación con la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible. Es un modo de reducir la carga económica que supone la asistencia de niñas y niños con discapacidad a los centros educativos.
- Contemplar la accesibilidad en los programas digitales contemplados para la educación en formato híbrido. Esto incrementaría la diversidad de formatos en los que los estudiantes con discapacidad accederían a contenidos educativos. l
