Los partidos políticos saben que después del resultado de las elecciones de 1994 denunciadas como un fraude colosal, lo que ocasionó una gran ruptura de la sociedad de la cual logramos salir gracias a la firma de un pacto por la democracia que incluyó una modificación de nuestra Constitución, que entre otros muchos aspectos importantes recortó el mandato del presidente electo Joaquín Balaguer a 2 años, y acordó la elección de una Junta Central Electoral (JCE) de consenso que encabezó el inolvidable César Estrella Sadhalá, la mayor parte de sus reclamos y recelos en las elecciones posteriores se ha centrado en la dirección de informática de la JCE.
El trauma electoral más grave que ha vivido nuestro país en la historia de la JCE fue el acontecido el 16 de febrero de 2020, cuando por primera vez hubo que abortar unas elecciones, en este caso las municipales, precisamente por situaciones imputables a dicha dirección de informática, la cual tenía a cargo la implementación de un nuevo sistema de voto automatizado impulsado vehementemente por las pasadas autoridades, y recelado por algunos que éramos tildados de anacrónicos, y que lamentablemente pese a todos los buenos augurios e intenciones falló, y obligó a celebrar nuevas elecciones con voto manual, luego de continuas manifestaciones ciudadanas.
Por eso es tan importante que la JCE haya informado en un comunicado que solicitó la asesoría técnica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral en relación con la reestructuración orgánica de su dirección de informática, propuesta que fue presentada en una audiencia pública a los distintos partidos en el día de ayer, la cual según se informó conlleva llevar de 3 a 6 sus subdirecciones.
Debemos recordar que el informe de la auditoría técnica realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las frustradas elecciones municipales de 2020 puso al desnudo las debilidades de dicha dirección de informática, la cual hasta antes de estas elecciones se entendía capaz de implementar exitosamente el voto automatizado vendido como la panacea, informe que entre sus hallazgos señala que las razones por las que no se detectaron las fallas oportunamente fueron: “1) un software mal diseñado, 2) la falta de testing en las diferentes etapas del proceso y 3) la ausencia de un protocolo de control de calidad”.
Este Informe que fue calificado por el pasado presidente de la JCE como “una verdad amarga” que llamaba a la Junta a revisarse, provocó la destitución del hasta ese momento suspendido director de informática, la designación de su sustituto y un cierto acompañamiento de la sociedad civil a la JCE para las elecciones presidenciales del 5 de julio de 2020, pero después de esto y del nombramiento de una nueva Junta, no es mucho lo que había trascendido sobre la obligatoria revisión que debía hacerse a esta dirección, a su personal y a los protocolos de la JCE.
Incluso llama la atención que la denuncia que dio origen al comunicado público de la JCE fuera el cuestionamiento de un partido por el alto número de renuncias del personal técnico de esa dirección, pues hacía tiempo que debió haberse reclamado cuál había sido el resultado de la investigación realizada por la propia Junta de los hechos acontecidos, que permitiera un saneamiento de tan importante área.
Es importante que la JCE haya hecho pública su propuesta de reestructuración de su departamento de informática, la cual habrá de analizarse a profundidad para determinar si es suficiente, no solo porque las fallas de este departamento en el pasado proceso electoral ocasionaron una enorme pérdida de recursos y propinaron una grave herida a nuestro sistema, sino porque es ahí donde radica el meollo de los procesos electorales, por lo que su saneamiento, mejoría y fortalecimiento es indispensable para dar confianza a esta sociedad, que luego del impactante trauma que se le infligiera en las pasadas elecciones, será más renuente a creer.
