Continuamente escuchamos de parte de nuestras autoridades que los ingresos tributarios son insuficientes para atender las necesidades que demanda la población, habiéndose establecido como una verdad que la presión tributaria del país es baja, pero al mismo tiempo no cesan las quejas de los contribuyentes de que las tasas impositivas son muy altas, lo que se refleja en las mediciones internacionales de competitividad como las del Foro Económico Mundial.
Para un debate sincero de este tema lo primero que debe existir es confianza en relación con los datos que sustentan las aseveraciones en todos los aspectos: sobre el cálculo del PIB y su relación con los ingresos fiscales, sobre los distintos porcentajes de pago de cada sector, sobre la distribución de las exenciones y su naturaleza y sobre la progresiva proporción de informales que simplemente no pagan nada, constituyendo una exención de hecho que representa una cifra alarmante.
De igual forma debe haber una discusión seria sobre la forma y la calidad del gasto público, que no solo consiste como muchos se quejan en el uso de los recursos que pagamos los contribuyentes, sino en el del dinero que tomamos prestado para financiar presupuestos del Estado deficitarios y abultados; pues una mayoría está convencida de que no recibe las contraprestaciones debidas y un porcentaje cada vez más alto comprende que mientras la corrupción descanse plácidamente en la impunidad, pagar más impuestos es simplemente seguir alimentando la misma.
Si tomamos algunos de los casos que han trascendido a la opinión pública, OISOE, OPRET, OMSA, CEA, CORDE, IDECOOP, JCE, y el mega escándalo de corrupción internacional de la empresa brasileña ODEBRECHT como una muestra para evaluar cómo se utilizan los recursos del Estado; no cabe duda de que la conclusión no puede ser otra de que salvo excepciones, se manejan mal, por deficiente gestión, corrupción en todas sus modalidades, cobro de comisiones, utilización de contratistas preferidos que facilitan las maniobras o creación de los mismos, sobrevaluaciones, utilización de materiales y equipos de inferior calidad o en menor cantidad por robo, conflictos de intereses, así como pobre defensa de los intereses del Estado reflejada en malos negocios y contratos.
Pero también escuchamos las excusas del Poder Ejecutivo para incumplir con leyes que asignan determinadas partidas a otros poderes del Estado como el Judicial o a los gobiernos locales representados en los distintos ayuntamientos; sin embargo, al mismo tiempo vemos cómo se destinan cada vez más recursos a entidades que ni siquiera tienen una sustentación legal y que invaden atribuciones propias de otras instituciones públicas como el despacho de la Primera Dama, cómo se gasta excesivamente en publicidad inútil y en campañas para promocionar funcionarios o posiciones del gobierno reproduciendo opiniones favorables en costosos espacios pagados, o cómo el gobierno prefiere ejecutar planes invadiendo las atribuciones de los ayuntamientos en vez de asignarles los recursos correspondientes a los mismos o continuar ejerciendo atribuciones de los gobiernos locales a través del Ministerio de Obras Públicas, que inusitadamente limpia, fumiga, vacuna, etc., en vez de transferir los recursos a estos como ordena la Constitución.
No cabe duda entonces de que el debate de la supuestamente baja presión tributaria va más allá de los tributos pagados, evadidos, exentos legalmente o de hecho, bajo la informalidad; pues tiene que ver con deficiente gestión, discrecional distribución de los recursos, mala calidad del gasto y peor aún con corrupción, violación a la ley y a mandatos constitucionales. Por eso en vez de seguir dejándonos engañar con que pagamos pocos impuestos, debemos exigir un debate sincero que ponga al desnudo todas estas realidades para que finalmente comiencen a hacerse las correcciones.
