Las manifestaciones acontecidas en Nicaragua en protesta contra el régimen de los Ortega no solo han dejado un lastimoso número de muertos, sino que finalmente parecen haber sacado de su zona de confort a sectores que cerraron los ojos ante la ilegalidad y autoritarismo a cambio de ciertas concesiones.
La historia ha demostrado que revolucionarios que lucharon contra dictaduras, una vez llegados al poder y sobre todo si se les permite perpetuarse en este, pueden convertirse en iguales o peores dictadores que aquellos.
Esto es lo que ocurrió en Nicaragua tras la vuelta al poder de Daniel Ortega en el 2007, quien rápidamente quiso dejar de lado la prohibición a la reelección consecutiva que disponía entonces la Constitución de su país, para presentarse nuevamente en las próximas elecciones, y no habiendo logrado los votos para modificarla consiguió que la sala constitucional de la corte suprema de justicia la declarara inconstitucional, lo que tuvo como colofón su victoria electoral en el 2011.
Como si eso no bastara, en el año 2014 modificó la Constitución para eliminar el doble candado que tenía pues prohibía la reelección también luego de dos períodos y re postularse en el año 2016, pero decidió otra vez transitar la ilegalidad eligiendo como compañera de boleta a su esposa, violentando así el mandato constitucional que prohíbe participar como candidatos a parientes y afines del que ejerciere o hubiere ejercido la presidencia.
Estas groseras violaciones a la Constitución y atentados a los principios democráticos se dan cuando un gobernante o un partido controla todos los poderes del Estado y logra silenciar a los llamados poderes fácticos concediéndoles favores, aniquilar la oposición y anestesiar al pueblo con asistencialismos.
El despertar de la sociedad tarde o temprano llega y las indignaciones acumuladas en algún momento explotan, como parece haber sucedido en Nicaragua, que permitió todos esos atropellos institucionales hasta que llegó la gota que colmó la copa con la modificación a las cotizaciones al Instituto de Seguridad Social y los recortes en las pensiones mediante decreto y sin consenso previo; comprobándose que la gente reacciona más por el bolsillo que por los principios.
La situación de Nicaragua, independientemente de lo que suceda luego de que el gobierno no tuvo más remedio que revocar la reforma, debe servir de lección, sobre todo para los Latinoamericanos. Las dictaduras del pasado se han disfrazado de democracias, con Constituciones y leyes desnaturalizadas a la merced de los intereses de turno, órganos electorales parciales, congresos y cortes controlados y dispuestos a obedecer los designios más absurdos del poder.
Un supuesto pragmatismo llevó a muchos empresarios nicaragüenses a expresar abiertamente su conformidad con Ortega puesto que les estaba dando las facilidades para hacer negocios, en una corta y egoísta visión que los llevó a legitimar un régimen al margen de la ley, del cual por primera vez marcan distancia tardíamente, luego de que cayeran muchos muertos.
Desde el momento en que se decide transitar el camino fácil de no contradecir el poder, solo es cuestión de tiempo para que la complacencia se siga halando a la medida de sus opíparas apetencias o hasta que la soga se rompa. Por eso debemos recordar siempre que hay cosas que simplemente son innegociables, como el imperio de la ley, los principios y los valores.
