Hace pocos días un reporte aparecido en la prensa estadounidense indicó que funcionarios de ese país están estudiando formas para bloquear a Nicaragua, El Salvador y República Dominicana el acceso que el DR-CAFTA garantiza al mercado de Estados Unidos a esos países. En el caso de Nicaragua se argumenta razones de derechos humanos, y en los casos de El Salvador y República Dominicana su reciente proximidad con China. De hecho, en el mismo reporte se habla de expulsar a esos países del DR-CAFTA.
Al respecto es relevante aclarar lo que puede y no puede hacer Estados Unidos, e interpretar lo que está detrás del indicado reporte.
Nadie puede expulsar a nadie
En primer lugar, Estados Unidos no puede expulsar a otro país del DR-CAFTA porque éste no le pertenece. A pesar de ser un acuerdo en el que uno de los países es grandísimo y riquísimo y el resto son pequeños y pobres, el DR-CAFTA es un tratado multilateral, y no un esquema de concesiones preferenciales unilaterales que Estados Unidos otorga a Centroamérica y República Dominicana. Mediante ese acuerdo, los siete países firmantes adquirieron los mismos compromisos y tienen los mismos derechos y deberes frente al resto. En ese mismo tenor, bajo el acuerdo actual, ningún país puede, unilateralmente, negarle a otro los beneficios convenidos.
Retirarse del acuerdo
En segundo lugar, lo que efectivamente puede hacer cualquier país es retirarse del acuerdo. Esto implicaría que, al consumarse el retiro, le negaría, entre otras cosas, las condiciones de acceso a mercado convenidas a todos los países participantes y no sólo a unos cuantos. Si eso sucediera, también el resto de los países le negaría al país que se retira las preferencias comerciales otorgadas. Esto facilitaría que proveedores de otros países llenen los espacios dejados por los proveedores del DR-CAFTA, aunque a mayores precios si no hay acuerdo de libre comercio con los países de origen o si son menos competitivos en precios.
Sin embargo, si Estados Unidos se retirase del DR-CAFTA, el mercado de ese país no se cerraría del todo a las mercancías del resto de los países, sino que éstas entrarían a ese mercado no bajo condiciones de libre comercio sino sujetas a los aranceles generales. En la jerga comercial, esto se conoce como Trato de Nación Más Favorecida (NMF) en referencia al trato que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) le otorgan al resto de los miembros y que se considera el mejor trato posible excepto si hay un acuerdo de libre comercio.
En ese sentido, es muy probable que, en la mayoría de las mercancías, el tratamiento NMF de Estados Unidos implique tasas arancelarias muy bajas o nulas. Esto puede llevar a la conclusión de que el impacto sobre un país afectado podría no ser severo. Sin embargo, hay que reconocer que, en muchos casos, una tasa de apenas un 1% o menos puede hacer la diferencia en términos de importar mercancías de un país y no de otro. Además, el amparo del acuerdo comercial ofrece garantías razonables de que los términos del acceso no cambiarán, lo cual facilita las inversiones, y los acuerdos contienen provisiones que protegen las inversiones.
En cualquier caso, la opción de que Estados Unidos simplemente se retire del acuerdo parece muy improbable, no sólo porque penalizaría a otros países muy leales (algunos vergonzosamente leales si se recuerda el anuncio de un par de ellos de trasladar sus embajadas en Israel a Jerusalén después que el gobierno de Estados Unidos lo hiciera), sino porque le estaría tendiendo la mesa a China en Centroamérica.
Renegociar para excluir
En tercer lugar, Estados Unidos podría promover una renegociación cuyo objetivo fuese simplemente dejar fuera a un grupo de países. Pero esa opción también parece bastante improbable porque sería muy difícil argumentar a favor de una medida tan severa como excluir del acuerdo a El Salvador y República Dominicana por el simple hecho de haber reconocido a China y haber establecido relaciones diplomáticas con ese país. Además, el nuevo acuerdo tendría que pasar por el Congreso, cuya Cámara de Representantes está controlada por los demócratas, quienes, junto a muchos republicanos, seguramente se opondrían a una postura tan extrema. De hecho, la no muy controversial modificación del NAFTA con México y Canadá (renombrado USMCA) enfrentará mucha oposición en el Congreso. Eso auguraría aún más dificultades para un DR-CAFTA recortado.
Ciertamente, el caso de Nicaragua es más fácil por la excepcional situación política y de derechos humanos por la que pasa ese país. Pero por tratarse sólo un sólo país, difícilmente Estados Unidos recurra a acciones comerciales que impacten otros países para hacer sentir su peso. Lo esperable es que use instrumentos unilaterales para presionar, como el Nica Act recientemente aprobado por el Congreso de ese país y que restringe los flujos financieros y migratorios.
Otras vías
En cuarto lugar, Estados Unidos puede recurrir a provisiones legales que le confieren al Presidente la potestad de actuar en materia de comercio sobre la base de razones de seguridad nacional o de emergencia económica para imponer barreras a las importaciones originarias de los países objetados. Pero ambos tipos de razones parecen muy difíciles de argumentar, y actuar sobre esa base podría ser contraproducente. En lo político, se percibiría como un abuso contra países muy pequeños que tomaron una decisión legítima (establecer relaciones diplomáticas con China, no más de ahí), similar a la que Estados Unidos tomó hace varias décadas. La reacción internacional y regional sería adversa, y las ganancias políticas mínimas o negativas porque podría impulsar a los países afectados a acercarse aún más a China. En lo económico, se trata de economías muy pequeñas con efectos reducidísimos sobre Estados Unidos y que, tienen una balanza comercial deficitaria con ese país. De hecho, una medida como esa podría hacer que, a mediano plazo, Estados Unidos termine perdiendo espacio económico en la región, precisamente lo contrario de lo que estaría procurando.
Enviando un mensaje
Por todo lo anterior, es difícil imaginar que el gobierno estadounidense esté considerando seriamente esas opciones, y es relativamente evidente que se trata de un mensaje (arrogante por demás, pero real, que es lo importante) que un sector del gobierno de ese país está enviando a El Salvador y República Dominicana respecto a sus relaciones con China. El mensaje es parte de una política más amplia de contención de China que el gobierno de Trump está desplegando y que procura desestimular, en este caso específico por la vía del amedrentamiento comercial, el desarrollo de lazos más profundos entre ese país y la región.
Al parecer, las preocupaciones más inmediatas tienen que ver con la posibilidad que tendrían empresas chinas, solas o en sociedad con otras, de instalarse en estos países que tienen acceso preferencial al mercado de Estados Unidos vía el DR-CAFTA, para procesar manufacturas a partir de insumos originarios de China para exportarlas al norte. Como se ha discutido antes, para la República Dominicana, el mayor potencial económico de la relación con China es ese, o bien, la inversión en empresas manufacturas orientadas a la exportación en general.
Conflicto entre potencias y visión estratégica
Pero más allá de esa precisión, no hay que perder de vista que estamos siendo testigos de una batalla geopolítica y geoeconómica entre esos dos países. Como en la Guerra Fría, la región está siendo parte del teatro de operaciones y los países van a estar sujetos a fuertes presiones. Estados Unidos procurará ejercer su influencia a partir de las áreas en las que es fuerte como el comercio, la migración y las remesas. China, por su parte, desde lo que puede ofrecer: créditos e inversiones.
Frente a esto, la República Dominicana tiene que desarrollar una visión estratégica y elaborar una política que, sobreponiéndose a los intereses económicos específicos de algunos con poder, le permita maximizar los beneficios de las relaciones con ambos países, al tiempo que reduce los costos y los riesgos.
Se trata de lograr un delicado equilibrio que requiere identificar cuales son los objetivos económicos y estratégicos de la relación con China (inversiones, empleos, exportaciones, aprendizaje tecnológico, crédito, cooperación), y cuáles son las avenidas disponibles para lograrlo sin que esto genere aprehensiones excesivas de Estados Unidos.
La claridad en la estrategia y la política son críticas, no sólo para que los esfuerzos colectivos se puedan encaminar de manera coordinada y coherente sino también para que en Estados Unidos no haya dudas de las intenciones.
