Aunque el objetivo de los discursos del 27 de febrero es de rendición cuentas, por ser una plataforma inigualable, han tenido un fuerte contenido político partidario, especialmente en contextos pre-electorales. Es por ello que, como muchos de los discursos de la fecha, el reciente del Presidente Medina fue una mezcla de cuatro cosas: acontecimientos, intervenciones alentadoras, excesos de optimismo y silencios.
Acontecimientos macroeconómicos
Correctamente, Danilo Medina se refirió al desempeño macroeconómico como uno muy positivo. Y eso es difícil de disputar cuando se muestra una tasa de crecimiento real tan elevada, y hay estabilidad de precios. Y también es cierto, aunque sólo parcialmente, que el entorno internacional en 2018 tuvo complicaciones con las que hubo que lidiar como las alzas en el precio del petróleo y las tasas de interés.
Debió de haber reconocido, sin embargo, que ese entorno fue, al mismo tiempo, positivo para la economía dominicana que sintió el empuje del crecimiento de la economía estadounidense estimulada por los recortes impositivos de inicios del año. Esto hizo crecer las exportaciones hacia ese país, los arribos de turistas estadounidenses y las remesas, lo que empujó el crecimiento, y contribuyó a que el déficit de las cuentas externas fuese reducido, a pesar de los más altos precios del petróleo.
También habló de una reducción de la pobreza monetaria hasta 23%. En 2017 ésta había alcanzado al 25.5% de la población, lo que supone una reducción de 2.5 puntos porcentuales en 2018. Esto es consistente con una economía con alto crecimiento y reducción en la desocupación.
En el ámbito monetario y financiero, se refirió a la estabilidad de precios y del tipo de cambio, a la solvencia del sistema financiero y al relativamente bajo riego.
Intervenciones alentadoras
En cuanto a las acciones de política pública, a las cuales le dedicó la mayor parte del discurso, no sólo hizo referencia a las ejecutadas sino también a las que planea ejecutar, que fueron sin dudas las que más llamaron la atención. Vale destacar seis.
Primero, la propuesta de reforma a la ley de seguridad social que incrementaría la cobertura por reafiliación y reducirá las comisiones de las AFP. Se trata de reformas limitadas pero que van en la dirección correcta. La reducción de las comisiones es una transferencia directa de riqueza desde el sector financiero hacia los afiliados, si bien éstos no podrán disponer de ella de forma inmediata sino hasta el momento del retiro. Esto contribuiría a elevar modestamente las pensiones.
Segundo, la puesta en marcha del nuevo Procedimiento Simplificado de Tributación (PST) para pequeñas y medianas empresas, el cual reducirá enormemente el esfuerzo administrativo para declarar impuestos y eliminaría el pago de anticipo por Impuesto sobre la Renta junto al impuesto sobre los activos. El peso que se le quitará a las micro y pequeñas empresas formalizadas es enorme e incentivará la formalización de un número de empresas que están “en el borde”, es decir, que por sus características y/o tamaño tienen incentivos para hacerlo, pero dudan, entre otras razones porque el régimen tributario le es hostil.
Tercero, el Programa Primer Empleo que, con el objetivo de reducir el desempleo entre jóvenes, especialmente mujeres, entre quienes la proporción de personas desempleadas es particularmente elevada, ofrecerá un subsidio temporal equivalente al salario mínimo bajo el compromiso de una contratación de la persona por no menos de dos años. Se puede discutir si ese incentivo específico es el mejor pero lo que es poco rebatible es que urgen este tipo de iniciativas.
Cuarto, la promoción de compras nacionales por parte de programas públicos relevantes, así como la propuesta de modificar la ley de compras públicas para agilizar los pagos del Estado. Las compras gubernamentales pueden ser un poderoso instrumento de promoción del desarrollo productivo siempre que se hagan con lo que ha faltado históricamente: transparencia, pulcritud y no discrecionalidad. Sin embargo, hay que llamar la atención respecto a que los acuerdos de libre comercio imponen restricciones a las compras nacionales del gobierno, las cuales deberán ser sorteadas sin transgredirlos.
Quinto, el incremento en el salario mínimo o cercano al mínimo en el sector público y en las pensiones mínimas del Estado. Ambos son vergonzosamente bajos y esto debió haberse hecho hace mucho tiempo. Aunque el desempleo y las capacidades laborales son las fuerzas determinantes de las remuneraciones laborales a largo plazo, el aumento de los salarios públicos puede contribuir a cambiar la dinámica del comportamiento de las remuneraciones más bajas en el país.
Sexto, el inicio del otorgamiento de las Pensiones Solidarias (¡por fin!) consignadas en la ley de seguridad social y negadas sistemáticamente por más de década y media a personas mayores de 60 años en condiciones de desocupación e indigencia, a personas con discapacidad y a jefas de hogares en pobreza. El monto asignado es bajo, apenas 500 millones de pesos en el año, lo cual da para cubrir a una baja proporción de la población con derecho. Sin embargo, esto abre la puerta para incrementar seriamente la cobertura en el futuro.
“Excesos de optimismo”
Por otra parte, el Presidente mostró un exceso de entusiasmo en varios aspectos, algunos reiterados, en los que la evidencia no parece darle la razón. Uno de ellos es el impacto de las Visitas Sorpresa sobre las que argumentó, no literalmente, que está transformando la agricultura del país, promoviendo las exportaciones y reduciendo la pobreza rural y el hambre. Esas visitas podrían estar tendiendo impactos positivos en las iniciativas económicas beneficiarias, pero su escala es simplemente insuficiente como para reclamar todo eso con propiedad. Después de seis años, la agricultura dominicana sigue siendo fundamentalmente pobre, de baja productividad e incapaz de exportar. Esto indica claramente que hace falta mucho más que visitas sorpresa para dar el salto.
Otro tema en el que la evidencia no apoya al presidente es en el de la violencia contra las mujeres. Por una parte, la reducción en un solo año de los feminicidios, que es apenas una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, no es evidencia de que hay menos violencia contra ellas. ¿Qué pasó en 2018 con la violencia sexual contra las mujeres? ¿Y con la violencia física y psicológica?
Por otra parte, tampoco se puede afirmar que esa violencia se ha reducido a partir de un plan que se circunscribe al ámbito de la justicia. Eso implica desconocer que el problema tiene raíces socioculturales profundas, que está interiorizado en la sociedad y que su combate requiere de intervenciones que ataquen las desigualdades de todo tipo entre hombres y mujeres, incluyendo aquellas en el ámbito político. Esto no se está haciendo, no hay una política integral al respecto y tampoco recursos. No se debe olvidar que precisamente el Presidente fue quien promulgó la ley electoral, la cual significó un claro retroceso para la participación política de las mujeres.
El Presidente también se refirió al significativo crecimiento de la cobertura de la Tanda Extendida como un logro en el plano educativo. Pero en verdad, el impacto en la calidad de la educación, que es la preocupación fundamental compartida, parece estar siendo marginal, y es más un programa social (alimentario) canalizado a través de las escuelas que uno educativo. Podría ser diferente, pero no lo es, por lo menos no todavía.
La situación de la vivienda tampoco muestra los avances que el presidente parece reclamar. El nuevo esquema de la política de vivienda a través de la figura del fideicomiso es positivo, pero no enfrenta el problema donde es más acuciante ni está pensado para las personas más pobres. Mientras, la cobertura de los programas de provisión directa de viviendas a través de proyectos públicos o con apoyo público directo sigue siendo muy baja.
Otras áreas en las que los resultados concretos son limitados, pero que fueron abordados con regocijo por el Presidente, fueron agua y preservación de los recursos hídricos, fronteras y seguridad, juventud, cultura y deportes.
Silencios
Por último, hay dos temas que son de mucha preocupación sobre los que el Medina hizo un estruendoso silencio. Uno es la corrupción. Hay un fuerte reclamo nacional para combatirla y su silencio es simplemente inadmisible. La corrupción habla de la calidad del Estado y el Presidente es el gerente de una parte muy grande de éste y de los recursos de todos. La postura frente a la corrupción también habla de la robustez del compromiso con los objetivos que dice proponerse.
El otro es la deuda pública. Hay un fuerte reclamo porque no siga creciendo a la velocidad que lo ha venido haciendo, para que su servicio no siga comprometiendo tanto del presupuesto público y no se convierta, eventualmente, en un factor de crisis. Cerca del 25% del gasto público total, del cual el Presidente es responsable, es financiado con deuda, y destina cerca del 17% de los recursos totales a pagar deuda. En este tema, debió ser franco, reconocer la situación e indicar cómo planea enfrentarlo.
