En la recién pasada primera presentación de memorias y rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Eduardo Estrella, expresó que en la primera legislatura del año “es fundamental para el país abocarnos a la modificación de la Ley de Seguridad Social”, puntualizando “que se hace imprescindible y urgente, una reforma integral donde los grandes beneficiarios sean los ciudadanos”.
Aunque hay que reconocer que la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social por la Ley 87-01 y la implementación del Seguro Familiar de Salud desde septiembre de 2007 han generado avances en la atención de salud, dado que de un sistema de cobertura voluntaria que tenía un porcentaje reducido de empleadores sujeto a múltiples exclusiones de cobertura por las aseguradoras pasamos a un sistema obligatorio y universal, que incluye el núcleo familiar del afiliado y la posibilidad de inclusión de dependientes adicionales como los ascendientes; es evidente que ha habido una regulación ineficiente, múltiples incumplimientos con la ley y que se ha desviado la atención de aspectos esenciales.
Se ha puesto el dedo en la llaga al decir que la tan reclamada reforma a la Ley 87-01 debe ser en beneficio de los ciudadanos, pues estos como afiliados al sistema en gran medida por desidia de las autoridades, han sido víctimas de los choques de intereses entre Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y prestadores de servicios de salud, y han quedado indefensos ante un catálogo de servicios absurdamente cerrado en base a nomenclaturas de procedimientos el cual se ha convertido en un filtro para negación de coberturas, por la exigencia de copagos en exceso de lo previsto por la normativa y por la inexistencia del nivel de atención primaria a la salud, que la ley erige como su puerta de acceso.
La crisis sanitaria generada por el covid-19 que ya cumplió un año, provocó que en los primeros meses la población dejara de asistir a los centros salud para otras situaciones que no fueran dicha enfermedad o urgencias, habiendo caído las solicitudes de servicios estrepitosamente ante el estado de emergencia y confinamiento impuesto por la pandemia. Las autoridades han cubierto el costo de las pruebas de detección, en parte con recursos del sistema, lo que unido a la reducción de la demanda debe haber ayudado a equilibrar las finanzas de las ARS, las cuales llegaron a acuerdos con las clínicas para dar cobertura total sin copago a la hospitalización de pacientes afectados por el virus.
Sorpresivamente la ADARS, entidad que reúne las seis ARS privadas que cubren el 90 % de los afiliados hizo pública su decisión de descontinuar la cobertura total, anunciando que solo cubrirían el 80 %, argumentando costos insostenibles, lo que ocasionó un gran pánico tanto a los afiliados como a los prestadores, pues un paciente ingresado con complicaciones tiene que seguir siendo atendido, aunque no haya garantía de cobertura, lo que de inmediato provocó que algunas clínicas anunciaran que descontinuarían la atención del covid-19.
Diligentemente el Gabinete de Salud, liderado por la vicepresidenta, hizo las gestiones para que la ADARS diera marcha atrás luego de un “productivo diálogo con las autoridades”, pero aunque se encontró una rápida salida, lo cierto es que a pesar del inicio de la vacunación todavía le resta tiempo a esta crisis, y no podemos continuar bajo esta amenaza, ni con la realidad que castiga a todos los demás enfermos de un límite de cobertura de un millón de pesos anuales que es insuficiente para cualquier hospitalización de cierta gravedad y que urge sea actualizado.
Por eso esperamos que la tan necesaria reforma integral de la Ley 87-01 se produzca con la celeridad y visión anunciada, no solo porque estamos en medio de una crisis sanitaria que nos ha recordado cuán vulnerables somos y que por encima de todo lo más valioso en la vida es la salud, sino porque esta crisis ha puesto al desnudo las carencias, defectos y perversidades de nuestro sistema, y nos ha hecho comprender cuán grande es la llaga.
