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El de la inseguridad ciudadana es uno de los más urgentes e importantes problemas estructurales heredados por la administración del presidente Luis Abinader.
Que no es un tema de estos tiempos nos lo informa el hecho de que hace más de 20 años que nuestros familiares residentes en Estados Unidos prefieren vacacionan a veces en otros países antes que venir al suyo, por temor al incremento de los asaltos y otros ataques.
Gobiernos tras gobiernos las encuestas reflejan cómo las acciones de la delincuencia común y el crimen organizado han hecho de nuestras calles, hogares y empresas lugares común de la incertidumbre, la angustia y el miedo a perder la vida o parte de ella ante los depredadores armados.
Hay hechos criminales cuyo registro llenaría muchísimos volúmenes de publicaciones, pero hay casos icónicos que en su momento sacudieron el imaginario popular, como el de Vanessa Ramírez Faña, estudiante de medicina de Santiago, asesinada en junio de 2006, para robarle su celular, el del joven Luis Medrano Reyes, de 23 años, en 2015, también en Santiago y con el mismo móvil , o el asalto a la meritoria profesional Francina Hungría, discapacitada de su visión por asaltantes que la atacaron para despojarla de su vehículo.
En 2006 desconocidos portando metralletas y pistolas, asaltaron a pleno día un camión de transporte de valores propiedad de la empresa Vimenca en la avenida San Vicente de Paul en el sector de Alma Rosa. A Annerys Peña, de 36 años, la degollaron en el atraco a una joyería de la que era empleada en la calle El Conde, en junio 2018.
Consciente de la magnitud del problema, desde el inicio de su gobierno el presidente Luis Abinader se ha empeñado en realizar una reforma que capacite y modernice a la Policía Nacional, el cuerpo que tiene por responsabilidad hacer efectiva la seguridad ciudadana.
Dando participación a representantes de la sociedad civil y procurando asesoría incluso internacional, el mandatario y el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, se han mantenido activos encaminando la reforma que tanto debe ayudar en la tecnificación y eficiencia de la persecución del crimen.
Ayer el presidente Abinader dio un nuevo impulso a la lucha del gobierno contra el crimen organizado y la delincuencia común, al reforzar a la Policía Nacional con el apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas que estarán participando en operativos conjuntos, enfatizando a todos sobre el hecho de que sus acciones deben estar encuadradas en el sagrado respeto a los derechos humanos de los investigados o perseguidos.
Corrámonos la oportunidad de unirnos alrededor de estas medidas dirigidas a defender el interés común, y esperemos que la adelantada campaña electoral por parte de la oposición no se constituya en un factor que nos desuna y desorganice ante tan crucial desafío.
