Desde hace más de dos décadas reposa en el Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar sustancialmente el Código Penal Dominicano, que siendo inalterable por 131 años sin dudas requiere con extrema urgencia ser actualizado y en algunos temas esenciales ser adecuado a la realidad dominicana.
Luego de muchos debates, largas pausas y una espera que parecía interminable, finalmente fue aprobada este año en ambas cámaras legislativas una modificación integral del Código Penal, introduciendo cambios importantes en 82 artículos. Sin embargo, por el tema de las tres causales del aborto, que ni siquiera debería discutirse en el marco de una ley adjetiva ya que es la Constitución en su artículo 37 la que establece una visión concepcional de la vida, el Código fue frenado, frustrando nueva vez algo tan imprescindible.
En términos generales los cambios contenidos tienden a la creación explícita de nuevos tipos delictuales, como la desaparición forzada de personas, los negocios piramidales, el abandono de menores, los fraudes electrónicos, las agresiones con “ácido del diablo” y otras sustancias químicas, la tipificación del sicariato y el establecimiento de la figura del autor intelectual bajo el título de “sicario”, entre otras cosas, y al endurecimiento de las sanciones imponibles, tanto mediante el establecimiento en la norma de la figura del cúmulo de penas con un tope de 60 años como el aumento de penas máximas hasta 40 años para ciertos delitos como los asesinatos en el marco de la violencia doméstica.
Claramente se trata de una pieza histórica y desde hace tiempo muy necesaria, y aunque no debe la población creer que por sí sola es el “chapulín” que acabará con la delincuencia e incrementará la seguridad ciudadana, es un buen y moderno Código que sin dudas complementaría la política criminal en el país.
Ahora que inició hace poco una nueva legislatura congresual y que hay mucha efervescencia por el tema de la delincuencia, es el momento propicio para que los legisladores muestren una real intención de contribuir en la lucha contra la criminalidad en República Dominicana y se involucren activamente en iniciativas tendentes a mejorar la seguridad ciudadana.
Si aprovechan y lo aprueban en este momento tendrían un alto sentido de oportunidad que podría dar paso a, por primera vez en muchos años, tener una legislación penal con altas probabilidades de ser más efectiva.
