Es ampliamente conocido que el Pacto Eléctrico es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Al ordenarlo, la END reconocía que el marco normativo, las instituciones y las prácticas vigentes impiden un adecuado desarrollo del sector. Por eso, había que abrir un proceso de diálogo que permitiera establecer nuevas bases que redefinieran responsabilidades y orientaran las acciones de largo plazo en la materia.
El objetivo del pacto es claramente necesario, y cualquier diálogo que se conduzca de una forma razonablemente participativa y con involucramiento de los principales actores, incluyendo usuarios, y con adecuados insumos técnicos, es muy probable que termine con un acuerdo razonablemente bueno.
Mi apreciación es que el documento logrado, como Pacto, como intención y compromiso asumido por los actores, lo es. No es perfecto, como el propio Ministro de Energía y Minas ha reconocido, pero se trata de un conjunto de líneas de acción que, si bien deja vacíos, especialmente por la falta de precisión y la poca innovación en varias áreas, representa un avance, y de ninguna forma es un retroceso. Debe recordarse que se trata de un compromiso general, no de un plan de acción, algo que, en el afán por encontrar pasos concretos y mecanismos de aseguramiento, con frecuencia es olvidado, incluyendo por quien escribe. Por eso, el problema no es el pacto mismo sino, más bien, la credibilidad de los compromisos.
El fin de este artículo es presentar una apretada síntesis de lo que contiene el Pacto Eléctrico en los siete temas alrededor de los que se articula.
El documento parte de reconocer la importancia para el desarrollo y el bienestar de la población de un suministro de electricidad confiable, competitivo y ambientalmente sostenible, y la penosa situación en la que se encuentra el sistema eléctrico nacional en materia de calidad, costos y sostenibilidad financiera y ambiental.
Un plan integral de desarrollo de largo plazo
El pacto reconoce que la planificación de mediano y largo plazo es fundamental, lo que significa que la improvisación no cabe y que se hace imprescindible la continuidad de acciones sobre la base de líneas de acción de largo plazo afincadas en un sólido consenso.
En ese sentido, en el documento el gobierno y la CDEEE se comprometen a proponer un plan integral de desarrollo del sector hasta 2030 que comprenda: a) la adecuación del marco institucional y funcional del sector, b) la adecuación de marco normativo, c) un plan de expansión y diversificación de la generación de energía, incluyendo de fuentes renovables, d) un plan para la expansión de la infraestructura de transmisión de energía, e) un plan para lograr la sostenibilidad en la distribución que incluya inversiones y mejoras en la gestión y comercialización, y de focalización del subsidio a la energía, y f) una propuesta de mecanismos independientes de monitoreo y rendición de cuentas.
El pacto propone reformar el marco normativo e institucional, lo que significa que quienes lo firmen reconocen que el actual, producto de la reforma de finales de los noventa e inicios de la década pasada, no funciona bien.
Marco institucional
Propone: a) crear una empresa estatal de generación (presumiblemente para operar la Central Termoeléctrica Punta Catalina), b) mantener la independencia operacional de las empresas distribuidoras (EDEs), aunque bajo la coordinación de la CDEEE, c) la adopción de buenas prácticas y estándares de gestión de empresas eléctricas públicas en las EDEs, d) la facilitación de la participación privada independiente o en alianza con el sector público en el sector, e) la facilitación de la subcontratación de la gestión de comercialización del servicio, f) la reforma de la CDEEE para que las empresas estatales del sector “operen bajo una única unidad corporativa” y un solo consejo de administración, g) la realización de una auditoría independiente de la gestión de la CDEEE y de un diagnóstico que sirva de base para la reforma, y h) el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que cumpla su rol.
Marco normativo
Propone: a) garantizar la independencia funcional de la Superintendencia de Electricidad (SIE), b) asegurar la fijación transparente de una tarifa al usuario final en función de los costos, c) suspender temporalmente la penalización a las distribuidoras por energía no servida equivalente al 150% de ella, d) revisar los permisos que se han otorgado (presumiblemente de forma irregular) para la instalación de líneas de transmisión privadas, y e) regular efectivamente las prácticas anticompetitivas y el abuso de posición dominante de mercado debido a la integración vertical de empresas.
Generación y transmisión
En esta materia, el pacto indica que hay que considerar las necesidades nacionales de energía, la condición de isla del país, la dependencia actual de hidrocarburos importados y la vulnerabilidad a las fluctuaciones de precios que ello implica, y el desafío del cambio climático.
En función de eso, propone: a) que la CNE elabore un plan hasta 2030 de expansión de la generación de fuentes renovables y no renovables, así como de las redes de transmisión, sobre la base de proyecciones de la demanda, y que ésta se haga cargo de las licitaciones y concursos de las EDEs para asegurar el suministro, b) que el gobierno promueva la inversión en generación y la conversión a gas natural de las plantas que funcionen con fuel oil, c) que el gobierno asegure una más equitativa distribución territorial de la generación, y d) que se desarrolle un mecanismo de compras conjuntas con el objetivo de reducir los precios de adquisición de hidrocarburos para la generación.
Sobre la transmisión, el pacto propone, entre otras cosas, lograr el cobro efectivo del peaje de transmisión que contribuya a mejorar el flujo de recursos para la empresa estatal de transmisión (ETED), a fin de que esta pueda realizar las inversiones necesarias para mantener y expandir la red. También propone aumentar la capacidad de transmisión en el Este del país, asegurar la conexión al sistema de las nuevas plantas que se instalen, e interconectar gradualmente y regular los sistemas aislados.
Distribución y comercialización
Es bien conocido que este es el Talón de Aquiles del sistema. El documento del pacto reconoce la baja calidad del servicio, la prevalencia de conexiones fraudulentas, y la incapacidad para facturar de parte de las EDEs.
Por ello, propone: a) ajustar la ley general de electricidad para que las EDEs tengan mayor capacidad de enfrentar el fraude eléctrico, b) modificar las transferencias a los municipios del 3% de la facturación de las EDEs para que ese porcentaje sea calculado sobre la base del valor agregado de distribución (VAD), c) ampliar las opciones de pago de los clientes para mejorar los cobros, d) mejorar la gestión de los cortes de clientes morosos, e) continuar blindando las redes para reducir los robos de energía, invertir más en las redes para universalizar la tele medición, f) consensuar un plan de inversión y tecnológico para reducir las pérdidas, y g) propiciar la formación de cooperativas y otras formas asociativas para facilitar la inclusión de sectores pobres, permitir que las empresas distribuidoras subcontraten la comercialización a cooperativas barriales o empresas privadas en circuitos específicos.
Sostenibilidad financiera, subsidios y tarifa
Se acordó redefinir el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) para asociarlo solamente al subsidio a sectores pobres vía Solidaridad y Bonoluz y combinarlo con la instalación de medidores prepagados, retribuir a las EDEs el subsidio a la población en pobreza, focalizar el subsidio de forma directa, obligar a los clientes morosos reincidentes a usar el mecanismo de prepago, y aplicar la tarifa técnica determinada por la SIE, eliminando el subsidio indiscriminado.
La credibilidad de los compromisos
Sin embargo, hay observaciones que merecen atención. Muchos de los puntos acordados no son nuevos, sino que están en el marco normativo vigente, por lo que en realidad reclaman al Estado mismo que cumpla con la ley. Son los casos del llamado a que la CNE haga su trabajo (casi literalmente), que la SIE fije las tarifas debidas y que la ETED cobre el peaje correspondiente. Esos incumplimientos son una fuente fundamental de desconfianza.
En otros casos, se trata de obviedades que deberían estar siendo impulsadas sin necesidad de pactos, como son el que la EDEs adopten un modelo de gestión con altos estándares o que el aumento de la generación responda a una planificación de largo plazo. Frente a eso, a uno nada más le queda decir: “¿En serio? ¿Hacía falta un pacto para eso? ¿Por qué no lo han hecho?”. Hay medidas que fueron incluso tomadas en el pasado como la unificación de los consejos de administración de las EDEs. Si pudiendo el Gobierno no lo ha hecho, ¿con que credibilidad llama a firmar un pacto en el que dice que ahora si lo va a hacer?
Otros como la revisión de la base del cálculo del pago del 3% de los ingresos de las EDEs a las alcaldías o la suspensión de la penalización de la retribución del 150% por energía no servida podrían debatirse.
De todas formas, el documento propuesto es abarcador, tiene innovaciones, sería una plataforma para impulsar acciones concretas y transformadoras, y ofrece la oportunidad a la ciudadanía de exigir que se cumplan los compromisos.
