El número de homicidios ocurridos durante las últimas semanas, es el indicador más grave de los niveles de violencia al que está sometida la sociedad dominicana. Dentro de estos destacan los feminicidios, las muertes por sicariato o aquellas producto de algún tipo de riña. En el 2018 más de 70 mujeres cayeron víctimas de la violencia machista. Aunque el indicador de la tasa de criminalidad da cuenta de que el país ha mejorado respecto a años anteriores, el número de crimines violentos sigue siendo motivo de preocupación. Algo anda mal en la República Dominicana que hace que mucha gente apele a la violencia como única vía para resolver los conflictos. Lo hace a través de la violencia verbal, la forma de manejar o la agresión física directa.
Múltiples factores explican la creciente violencia. Uno de ellos tiene que ver con la profunda desigualdad social. Genera frustración una sociedad donde un grupo reducido exhibe niveles de opulencia que se tornan vergonzosos ante la miseria de amplios sectores sociales. El empleo crece de manera tímida y el poder adquisitivo de las familias se deteriora, mientras se siguen creando expectativas de consumo que son inalcanzables para el dominicano promedio. A esto se suma la erosión de la confianza en las instituciones dominicanas, principalmente las judiciales.
Los feminicidios hablan de predominio de una cultura machista, en que los hombres siguen viendo a las mujeres como parte de su propiedad. La continuidad del grado general de violencia, especialmente de los homicidios, tiene que ver además con el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. Otro factor lo es sin dudas la excesiva cantidad de armas de fuego en manos de civiles. Las políticas públicas dirigidas a reducir la violencia en la República Dominicana tienen que atender a todos y cada uno de estos factores, si pretende ser efectiva.
Un aspecto esencial a tener en cuenta es la necesidad de promover procesos de educación para la paz, tanto desde las familias y las escuelas, como desde los medios de comunicación.
Estos procesos educativos deberán contribuir con una formación para el diálogo, la tolerancia y la resolución alternativa de conflictos entre todos los dominicanos, desde las edades más tempranas. No deben aplazarse las campañas para una cultura de paz que deben llevar a cabo el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Las redes sociales y las TIC deberán contribuir a este propósito. En fin, políticas públicas para combatir la violencia en todas sus manifestaciones, instituciones fuertes en la aplicación de las leyes y una efectiva educación para la paz, son las mejores formas de enfrentar la creciente violencia que vive el país.
