¿Votar obligado? El solo pensar en esa posibilidad sugiere la idea de que alguien está añorando situaciones superadas hace décadas.“Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.
El artículo 208 de la Constitución de la República Dominicana, en su título “Ejercicio del sufragio”, hace ese preciso, conciso, claro y contundente mandato. Y no se queda ahí. También dice claramente quiénes tienen impedimento de ejercer ese derecho.
“No tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos”.
Según el diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el Distrito Nacional, su partido tiene en carpeta plantear que en la próxima reforma a la Ley Electoral se establezca el voto obligatorio como forma de evitar la venta de cédulas. Y tanto Pacheco como su compañero legislador Santiago Zorrilla consideraron que el voto obligatorio evitaría los males y vicios que ellos afirman han ocurrido en los últimos procesos electorales.
La idea no parece que desencadene en una iniciativa sensata, y más bien parece reflejar una actitud o inclinación parida de una mente que cree en los sistemas de fuerza, alejados de cualquier inspiración democrática.
El hecho de que en algunos países exista el voto obligatorio no debe verse como un modelo trasladable al esquema electoral dominicano, pues son culturas diferentes, además de que aquí hubo un régimen de tres décadas con un partido único, en el cual dejar de votar podía ser considerado un gesto de desacuerdo con el sistema.
Pero además, el argumento de que con el voto obligatorio se impide que la gente venda la cédula, parece fuera de contexto porque la normativa vigente autoriza a la Junta Central Electoral a emitir duplicados inmediatamente y sin costo. Por tanto, el que osara comprar una cédula a un adversario político para que no vote, pudiera estar corriendo el riesgo de “perder su inversión”.
El voto es libre y así debe quedar.
