Este diario registró en su edición de ayer un dato penoso, y es que la violencia contra la mujer tiende a expresarse desde que inicia el año. Al menos, es lo que ha ocurrido desde 2019 hasta ayer, período durante el cual han sido asesinadas ocho mujeres a manos de sus parejas, dos de las cuales en los primeros días de este 2021.
Vendría a ser una constante, toda vez que la tasa de feminicidios en el país ronda 1.9 por cada cien mil mujeres. República Dominicana está entre los cuatro primeros países latinoamericanos con mayores tasas de feminicidios, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal.
La violencia de género es una preocupación creciente y las autoridades suelen adoptar políticas que, sin embargo, no rinden los resultados esperados. Generalmente se abordan las causas que motorizan los comportamientos violentos en las familias, que van desde factores relacionados con los tipos de uniones, las condiciones socioeconómicas, los entornos, la clase de ciudadanía que forjan todos esos cuadros, asociados a los precarios accesos a los servicios, y esencialmente, a la baja formación escolar. Un complicado tinglado social del cual no se termina de desentrañar qué empuja a los terribles hechos que todos lamentamos.
A todo ello habría que agregar las debilidades identificadas en los procesos de asistencia y protección a las mujeres amenazadas o en situación de riesgo, que no hallan respuestas oportunas en las instancias previstas en la ley. Que no las atienden cuando es necesario, que ni siquiera las escuchan cuando acuden a un centro, o que simplemente, los llamados a protegerlas no comprenden las dimensiones de sus dramas.
Que al presidente de la República le preocupe el problema y estimule la idea de fortalecer Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía, mediante la creación de un cuerpo “especializado”, y que haya mejores niveles de coordinación de los entes llamados a jugar el rol protector, está bien.
Pero es necesario profundizar en una concepción sistémica sobre el ser humano que se forma en la familia, en las escuelas, en el barrio, en la sociedad, mediante políticas inclusivas que progresivamente eliminen las eternas iniquidades sociales generadoras de violencia.
