El Poder Ejecutivo acaba de aprobar seis reglamentos elaborados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y dirigidos al desarrollo y aplicación de la Ley de Movilidad y Tránsito, la número 63-17.
Los reglamentos tratan sobre varios temas atinentes al tránsito, como el de la licencia de conducir, el sistema de puntaje para el mismo documento, la formación y educación vial y el de las escuelas de conductores. Todos representan normas importantes para el funcionamiento del tránsito. Sin embargo, el que más incidencia deberá tener en la circulación y tránsito vehicular es el reglamento sobre inspección técnica vehicular.
Es harto conocido que un alto porcentaje de los vehículos que circulan por calles, avenidas y carreteras del país no pasa la prueba de aptitud para transitar ofreciendo la mínima garantía de seguridad para ocupantes y terceros. Ver automóviles, camiones, camionetas, buses de diferentes tamaños circulando sin luces, con vidrios rotos, con carrocerías defectuosas, es algo que a nadie sorprende.
Algunos que han sido objeto de adaptaciones para cambiar el combustible, sustituyendo gasolina por gas licuado de petróleo, exhiben tanques no diseñados para uso automotriz, sino doméstico, con mangueras defectuosas. Son bombas circulantes.
Otros circulan con sus sistemas de escapes echando humos cual si fueran chimeneas, agrediendo el medio ambiente, contaminándolo.
Son simplemente chatarras montadas en ruedas que por lo regular también muestran desperfectos que representan potencialidades de accidentes.
La revisión técnica debe ser una prioridad para mejorar el tránsito vehicular. El Intrant tendrá que jugar su papel. Vendrán protestas de los sectores organizados de transporte de carga y pasajeros, que alegarán que se les quiere sacar del mercado y cuantos argumentos existan para tratar de justificar la obsolescencia vehicular. Y se enarbolará el conocido concepto del “padre de familia”, bajo el cual se escudan incumplimientos de normas y disposiciones.
Las presiones lloverán, con la correspondiente asociación con el “costo político” que implican las medidas que buscan organizar, disciplinar o regular cualquier sector o actividad.
En los países organizados, a los cuales la referencia manda imitar, solo circulan los vehículos que una inspección oficial los autoriza. Aplica el principio de que la ley es dura. Pero es la ley.
