¿Cuál será el propósito de los senadores del PLD que decidieron aprobar en primera lectura el proyecto de ley de partidos, con la inclusión del régimen de elección de los candidatos mediante el voto de todos los ciudadanos del país?
Esa pregunta se la hace mucha gente. Superficial y linealmente no se entiende. El universo de los opositores, un amplio abanico de la sociedad civil, la Junta Central Electoral (JCE) y la corriente del PLD adversa a quienes aprobaron el proyecto creen que una pieza como esa no puede ser decidida unilateralmente. Pero esos legisladores decidieron lo contrario.
¿Qué se busca? Primera especulación que perfectamente puede ser una afirmación: Empantanar el proyecto de ley de partidos presentado por la JCE. ¿Con qué propósito? Una respuesta con cierto sentido podría ser: Provocar una negociación. Habría que considerar los alcances de esa negociación.
Otra inferencia podría ser: Esos senadores simplemente han obrado contra todo sentido político y social y tratan de imponer la ley por conveniencia coyuntural. Si fuese así, sería un comportamiento más que arrogante y develaría una perspectiva precaria de las tendencias modernas de la gobernabilidad.
Si es una decisión definitiva, contraviene el predicamento que recomienda en situaciones como ésa, el recurso del consenso para lograr un acuerdo conveniente a las partes, a los actores políticos, con aprobación de la sociedad.
Imponer la voluntad de un sector del PLD en estos tiempos manda una mala señal acerca de lo que podría suceder en las elecciones del 2020.
No debe desestimarse que la oposición, no importa cuán débil sea, ha visitado instituciones nacionales y organismos internacionales advirtiendo sobre los riesgos de que estamentos del partido oficial obren contrario a los derechos de igualdad y equidad en las elecciones.
En consecuencia, se estaría estimulando la incertidumbre y la crispación política.
Una ley electoral hecha a la medida de quienes detentan el poder puede resultar un peligro para el sistema democrático. El régimen de primarias incluido impactaría los costos del accionar político, incrementaría los riesgos de manipulación de los resultados al interior de los partidos, y en consecuencia, se convertiría en un factor de desestabilización.
