Andy Dauhajre es un economista de sólida formación que se caracteriza por hacer propuestas concretas sobre diversos tópicos de la economía, que en ocasiones tienen un alto componente polémico.Desde finales de los años 80 y con su punto más alto en la década de los 90, para cuando el país estaba involucrado en grandes reformas estructurales que en la actividad económica abarcaron las áreas arancelaria, fiscal y laboral, entre ellas, el creador de la Fundación Economía y Desarrollo ha estado en primer plano en los debates de índole económico. Algunas de sus ideas, como el impuesto a los activos, son parte de la plataforma impositiva dominicana.
Seguidor de los postulados de la llamada Escuela de Chicago que tiene como norte el libre mercado, Dauhajre defiende con vehemencia sus ideas, las cuales sustenta siempre en cifras y estadísticas comparadas y referidas.
Ahora el economista, que escribe en este diario un artículo cada lunes, está haciendo una propuesta para la obtención de los recursos para financiar las operaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. La sugerencia propone dos vías o posibilidades para la obtención de los recursos y rechaza el método planteado en un proyecto que cursa en el Congreso que escoge como fuente al sector de las telecomunicaciones, creándole una tasa al tráfico internacional de llamadas que se originen fuera y cuyo mensaje final se reciba a través de una de las telefónicas que operen en el país. El proyecto también contempla una carga fija de US$0.0025 a ser pagado en su equivalente en peso dominicano por cada mensaje de texto internacional entrante que termine en las redes de las prestadoras dominicanas.
Las empresas telefónicas que operan en el país han dicho que esa propuesta aumentaría la sobrecarga impositiva que pesa sobre el sector, y las cifras que cita el economista le dan la razón.
Dauhajre reconoce la importancia de garantizar la sostenibilidad y de viabilizar la expansión del 9-1-1. Por eso propone dos posibilidades: una reducción de un 10% en los márgenes de distribución y comercialización de los combustibles (que aportaría unos RD$4,000 millones sin afectar a los consumidores) o eliminar la exención a las compras menores de 200 dólares que ingresan por las aduanas vía correo expreso. Esta última propuesta aportaría RD$5,000 millones, según los cálculos de Dauhajre.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
