No es un tema nuevo, pero cobra actualidad con el otorgamiento de prisión domiciliaria a Alexis Medina Sánchez y otros tres implicados en el caso Antipulpo, por lo que se habla de injusticia y hasta de privilegios, supuestamente porque más del 60 % de los presos es preventivo y no tiene igual suerte.
La comparación es arbitraria y quizás injusta, porque habría que analizar los fundamentos de la decisión judicial que los envió a sus casas, aunque son visibles las desigualdades que mantiene nuestro sistema carcelario, en el que la prisión preventiva parece ser la regla y no la excepción.
En efecto, según un estudio reciente de la Defensoría Pública, de una población de aproximadamente 27,500 presidiarios, un 30 % continúa en prisión pese a haber cumplido con el plazo establecido en la ley para que se le otorgue una variación a otro tipo de medida coercitiva.
Ese estudio señala que 2,000 internos fueron favorecidos con variación de su reclusión y no salen de prisión por falta de hasta RD$2,000 para pagar su fianza.
Se argumentó mucho en esta semana, a propósito de quienes abandonaron sus celdas, que fue por tener mucho dinero y buenos abogados, factores que no cabe dudas que influyen, pero ese enfoque nos distanciaría de lo esencial.
Sucede que la prisión preventiva es violatoria de la libertad personal y vulnera el funcionamiento del sistema de justicia. Una figura de la que se abusa, cuya aplicación debiera ser excepcional y ha sido totalmente desvirtuada.
Estamos ante un desafío que trasciende lo de Alexis Medina porque no solo implica al sistema de justicia, y citamos a la Finjus: “…sino también una cuestión de políticas públicas que inciden en materia de seguridad ciudadana y en el fortalecimiento de las instituciones que interactúan, tales como la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, esta última que tiene a su cargo el sistema penitenciario”.
Lo bueno es que el caso Antipulpo haya puesto en escena la prisión preventiva, porque descongestionar las cárceles debiera ser el primer paso para humanizarlas, y para que el sistema cumpla su misión de impartir justicia en condiciones dignas.
