La alerta Amber es una serie de protocolos que se activan automáticamente en casos de desaparición forzada, rapto, secuestro o ausencia injustificada de una persona vulnerable, particularmente de niños, niñas o adolescentes.
Resulta indiscutible que se cuente con un sistema de prevención y respuesta rápida de este tipo, vigente en 30 países con diferentes nombres y características, pero en común el factor tiempo, la respuesta rápida, determinante para ubicar a una persona extraviada.
Amber, un retroacrónimo del inglés America’s Missing: Broadcast Emergency Response, surge del caso de Amber Hagerman, una niña desaparecida y hallada muerta días después, y si bien es bastante selecto el grupo de naciones en que actualmente funciona (entre ellas Estados Unidos, México, Australia, Bélgica, Canadá, Chipre, Francia, Alemania) en República Dominicana vendría a ser un instrumento necesario a partir de lo que nos dicen la realidad y las estadísticas.
Entre 2020 y 2023, según datos de la Procuraduría, las desapariciones de personas aumentaron 355 %, y en la última década se habla de hasta 3,000 víctimas.
No es divagar recordar que en países de nuestra región, donde la trata de personas es un delito que permea estructuras políticas, policiales y judiciales con las enormes ganancias que genera, y en el caso de República Dominicana, donde las personas desaparecen y nunca más se tienen noticias de su paradero, resulta imperativo un instrumento legal de esta naturaleza.
Por eso hemos visto con simpatía el oportuno e interesante proyecto de ley para instaurar la Alerta Amber, presentado a la Cámara Baja por las diputadas oficialistas Liz Adriana Mieses Díaz y Carmen Ligia Barceló González.
Se crearía, según esa iniciativa, una brigada nacional de Alerta Amber (Brinasaa) que incluye a la Procuraduría, la Policía Nacional, el Sistema 911, el Comando, Control, Comunicaciones, Computadores, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), y el Indotel, que trabajarían en conjunto, copresididas por el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Ojalá que este importante proyecto no sea víctima de la tradicional desidia de nuestros legisladores en cuestiones de interés nacional.
La desaparición de una sola persona, sea niño o niña, adulto con problemas mentales, o de cualquier ser humano, debiera ser un llamado a la conciencia de la sociedad, que con una legislación como esta tendría una mayor capacidad de responder de manera orgánica y contundente.
