Este es el país de las incomprensiones. Acaba de verificarse nueva vez con el acuerdo suscrito entre el Poder Ejecutivo, la Junta Central Electoral (JCE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Se han escuchado voces que sugieren riesgos de concesión de “nacionalidad dominicana a extranjeros”.
Lo primero a señalar es que la ley dominicana contiene un régimen claro de declaraciones de personas nacidas en el territorio nacional. Y la JCE ha establecido un sistema explícito sobre registro de extranjeros. Lo mismo que el régimen de declaraciones tardías.
En consecuencia, resultan alarmistas las afirmaciones de que ese acuerdo orientado a superar el subregistro podría implicar concesiones a extranjeros al margen de la ley.
La JCE tiene 62 oficinas satélites de las oficialías en los hospitales para facilitar el registro de nacimientos, de dominicanos o extranjeros. Para los dominicanos existe el régimen habitual y para los hijos de extranjeros el Libro de Extranjería. Cada cosa en su lugar. No hay razón para imaginar que un plan para ampliar la cobertura de ese programa implique amenazas.
La realidad es que actualmente el 12% de los nacidos no son registrados. Eso no debe continuar. A largo plazo se constituye en una fuente de injusticia, toda vez que resultan marginados de derechos fundamentales de la personalidad, y de las políticas sociales.
La mayoría de los casos de subregistro no se debe a falta de documentación, sino a que las unidades de la JCE no están en todos los centros hospitalarios. En muchos casos se origina en negligencia de los padres.
Corresponde aplaudir que el gobierno, la JCE y Unifec estén suscribiendo un acuerdo para superar el subregistro en República Dominicana.
No hay razones para alarmarse. Sólo se busca fortalecer un programa que viene funcionando hace tiempo.
