Si algo faltaría para cumplimentar el meridiano comunicado de la Junta Central Electoral para expresar su “más profundo y contundente” rechazo a la participación de vehículos con propaganda política del PRM en las instalaciones que alojan la sede del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército Nacional, en Azua, es que el Ministerio de las Fuerzas Armadas haga lo propio en forma tajante, para que no quepan dudas de que pudo tratarse de un hecho aislado.
Esto debiera ser seguido de un pronunciamiento del partido de gobierno que lo desvincule de esa acción; incluso, si el presidente Abinader se tropezara con los periodistas, no estaría de más de su parte un recordatorio de que al menos en dos ocasiones ha reunido a sus funcionarios para advertirles de lo pernicioso que es prevalerse de sus cargos para desarrollar labores proselitistas.
No basta con el anuncio de la sustitución por parte del Ejército de la República Dominicana de los comandantes asignados a la Tercera Brigada y al Décimo Tercer Batallón de la provincia Azua, en cuyos campamentos se produjeron los hechos, sin que se conozca de su paradero ni de las sanciones disciplinarias aleccionadoras que se aplicaron.
La Constitución de la República y la Ley Orgánica del Régimen Electoral no son laxas al respecto. La Carta Magna en su artículo 252, numeral 3, establece que las Fuerzas Armadas: “Son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar”. En tanto que el artículo 167 de la Ley Electoral No. 20-23 es taxativo en cuanto a que a militares y policías y a funcionarios electorales: “Les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral”.
Resulta penoso, deplorable y hasta incomprensible, que revivan esa malsana práctica políticos que vivieron y sufrieron los días del involucramiento de los militares en las campañas políticas, con banderas partidistas en las puntas de sus fusiles, con los que asaltaban juntas electorales.
Hay asuntos que, por su delicadeza, y el que comentamos es uno de ellos, nunca deberían formar parte de la agenda electoral.
La institucionalidad, la dignificación y la defensa de la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden jamás estar bailoteando entre los políticos.
