Con el sometimiento a la justicia de catorce personas por el pago de los US$92 millones de Odebrecht, la Procuraduría General de la República ha llenado una etapa del proceso abierto en diciembre. Cumple con un deber previsto en la ley como impulsora de la acción pública ante hechos punibles, y atiende un reclamo extendido en la sociedad.El reclamo que se sintetizó en “el fin de la impunidad y la corrupción” logró congregar una variopinta multitud que se unificó bajo la bandera de la Marcha Verde. Sus protestas resultaron muy concurridas e impresionantes y llamaron la atención de los medios y la sociedad. Obviamente el gobierno y el mismo Poder Judicial no podían estar al margen de esa realidad.
Marcha Verde se convirtió en un referente. Y el estilo ordenado y pacífico de su accionar le agregó valor a sus manifestaciones. Alcanzó un espacio en la estima pública en un país que había caído en la abulia social. La cuestión es que Marcha Verde movilizó decenas, cientos de personas por causas justas: el fin de la corrupción y la impunidad. Sus reclamos constituyeron una presión al Ministerio Público y al gobierno mismo.
Durante ese proceso de cerca de seis meses ese movimiento reflejaba atisbos de ir más allá de sus dos demandas fundamentales. Pero no estaba claro si ese enfoque contaba con aprobación extendida entre sus orientadores. Ahora que el Ministerio Público ha judicializado el escándalo tendrían que evaluar con calidad hacia dónde dirigir su objetivo. Ya adelantaron que proseguirán accionando y está convocada otra marcha en San Pedro de Macorís.
Aunque valoraron positivamente las detenciones, no están satisfechos. Creen que falta gente y hasta piden que se investigue al Presidente Danilo Medina. Apuntan en una dirección que pone a riesgo la naturaleza social y popular del movimiento. Podrían derivar en “opción política”, en un país que cuenta ya con experiencias parecidas que han resultado frustratorias, incluso algunas inicialmente con vocaciones sinceramente patrióticas.
Marcha Verde es una coalición no declarada formalmente. No es tan espontánea como se ve. Forzar un plan con presupuestos como opción política tiene imponderables que podrían impactar la calidad del movimiento social.
Deben medir muy bien. Podrían iniciar un mal camino.
