El Sistema Nacional de Emergencias (Sinaes), más conocido como el 9-1-1, necesita financiamiento para su sostenibilidad y expansión, pero la forma que se ha planteado para obtener esos recursos ha generado rechazo del sector de las telecomunicaciones.Un proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados, enviado a estudio de la comisión de Interior y Policía, busca crear una fuente de ingreso mediante la aplicación de una tasa al tráfico internacional de llamadas para sustentar el 9-1-1, un importante y bien valorado servicio ofrecido por el Estado cuyo sostenimiento demanda un elevado presupuesto que el Gobierno no puede cargar con los ingresos actuales que maneja.
Ante la carencia de fondos en el presupuesto convencional, los ojos de los promotores del 9-1-1 se han posado sobre el sector de las telecomunicaciones, tratando de explorar y explotar la fuente de sustentación del Sistema Nacional de Emergencias, que en su versión original planteaba un impuesto fijo aplicado a cada cuenta telefónica, pero esa iniciativa fue descartada por el Gobierno que decidió asumir el costo del proyecto para financiarlo con recursos presupuestarios. Y así lo ha estado haciendo desde el inicio del sistema.
Pero ya los fondos para el sostenimiento no son suficientes y el autor de la ley, el diputado Elías Serrulle, ha propuesto una modificación a la normativa marcada con el número 140-13, para crear una tasa de 0.02 dólar o su equivalente en pesos, por cada minuto de tráfico internacional de voz entrante. La propuesta también establece un cobro fijo de 0.0025 dólares americanos o su equivalente en pesos, por cada mensaje de texto (SMS) internacional entrante que termine en las redes de las prestadoras dominicanas.
La propuesta ya tiene el rechazo de las empresas de telecomunicaciones que operan en el país, que alegan que el sector está sobrecargado impositivamente. También lo objeta la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quien cuestiona su legalidad y dice que el costo del 9-1-1 debe asumirlo el Gobierno.
Las telefónicas alegan su razón, en parte justificada, pues crear impuestos especiales para financiar proyectos globales luce una medida discriminatoria y distorsionante.
Pero el 9-1-1 necesita ser sustentado y ampliado. El cómo hacerlo es materia del Gobierno, y es factible de negociación.
