No podía ser mejor el momento en que se discute el proyecto de ley para instituir una norma básica para el funcionamiento de los partidos, más allá de las generalidades previstas en la ley electoral 275-97 vigente.Con todo lo que ha implicado el estremecimiento por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, los dos principales partidos políticos han estado en el mismo centro del escándalo, sometidos a estrés y escarnio.
Tiene que ver con la forma de ejercer la política y el poder, cómo el interés público ha sido subsumido por los intereses particulares de quienes estaban llamados a defenderlo. Y los partidos, instrumentos esenciales para la democracia, no son ajenos al fango.
Ahora, cuando las circunstancias obligan a recomenzar, los partidos representados en el Congreso Nacional discuten las bases para una ley de partidos. Esa ley debe contribuir a que las prácticas internas sean transparentes y la participación sea un derecho de todos los militantes. No el coto cerrado al que sólo entran quienes tienen o puedan reunir un furgón de dinero.
Es bueno que se esté discutiendo ahora. Quedarán atrás 12 años de desinterés consciente en aprobar la normativa, porque a menor reglas, más capacidad de maniobras para las conveniencias y mañoserías de las partes.
En estos días se reportan progresos en la comisión bicameral que discute el proyecto. El propósito, según dicen algunos de los involucrados, es concluir los debates antes del 25 de julio, cuando termina el actual período legislativo. En una probable legislatura extraordinaria quizás se pueda completar la obra.
Según lo consensuado, la ley podría influir en los costos de las campañas, se trataría de facilitar la participación y la Junta Central Electoral (JCE) tendría a cargo la organización de las primarias.
Se aspirará a la mejor ley posible, pero en la práctica, lo importante sería que los líderes y militantes entiendan que no pueden seguir actuando como lo han hecho hasta hoy. Tiene que haber una ley, pero para ser cumplida.
