El incremento de la violencia ha replanteado la discusión del porte de armas de fuego y en particular, la posesión sin el debido permiso previsto en la ley.Una de las cuestiones en que más se insiste es la necesidad de desarmar a la población, o de manera esencial, perseguir con mayor diligencia el porte ilegal de armas de fuego.
Según todos los reportes de los organismos de seguridad, la inmensa cantidad de armas que se decomisa a los delincuentes no está registrada o su número aparece limado. Es la rutina, parte del modus operandi de la delincuencia. Son armas que provienen de ilícitos.
La cuestión es que las autoridades deben agregarles más calidad a sus operativos de búsqueda de armas ilegales. En su programa anti crimen la Policía Nacional realiza registros improvisados en calles, carreteras y caminos. Nunca se sabe en busca de qué. Imaginamos que principalmente de armas de fuego. Pero el método utilizado frente a los ciudadanos no rinde frutos.
Es cuestionable la forma en que los agentes se comunican con las personas para requerirles si portan armas. Les basta con la simple respuesta negativa. No se cercioran de manera correcta de la fidelidad de la información.
No parece que en la realización de los registros se llenen determinados parámetros y perfiles que sugieran la posibilidad cierta de que pudieran encontrar un arma ilegal.
Pero en esas iniciativas entran en juego factores como la descomposición y corrupción. Cualquier imponderable se resuelve mediante un soborno. Se desacredita la institución y el operativo pierde su propósito. Además de la falta de calidad, se agrega la ausencia de integridad entre quienes llevan a cabo tan importante misión.
Confiscar las armas es una prioridad y con ella la aplicación de la nueva ley 613-16 que tiene un alto contenido disuasivo. Para que la población entienda la gravedad de llevar un arma ilegal es bueno que sepan que pueden recibir hasta cinco años de prisión. Pero si no se capturan a los portadores y los jueces tampoco los condenan, la sangre seguirá corriendo.
