elCaribe ha sido más que sistemático en cuestionar la atribución de la propiedad del vertedero de Duquesa que se hacen los dueños de la empresa Lajún Corporation y de su mal proceder e imprudencia frente a los ciudadanos del Gran Santo Domingo y sus cabildos.
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales ayer emitió un comunicado que contribuye a poner las cosas en su sitio. Dijo: “… Hay serios indicios que hacen presumir que los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa fueron obtenidos de forma irregular”.
Habíamos cuestionado la mediación del ministro Francisco Domínguez Brito en el conflicto entre los dueños de Lajún y los alcaldes de Santo Domingo. Sin embargo, cuando decidió dar un paso al frente para romper el impasse, aplaudimos su proceder. Era correcto que Medio Ambiente asumiera el rol que le correspondía, dada la grave y delicada situación a que esa empresa exponía a los pobladores de las dos ciudades más pobladas del país.
Ayer, Domínguez Brito informó que de acuerdo a las investigaciones preliminares, las personas que figuran como compradores “pudieron haber utilizado contratos de compra venta, certificaciones del Congreso Nacional y poderes presidenciales obtenidos de forma irregular para adjudicarse los terrenos, lograr la transferencia de éstos a su nombre y hacerse expedir los títulos de propiedad que hoy ostentan”.
Es más que evidente que estamos ante un ilícito grave que ha debido impulsar a la Procuraduría General de la República a actuar. Ya el legislador que investigó el origen de esa venta en el aire del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) había pedido su intervención, sin que se conozca iniciativa alguna en la dirección deseada.
El Ministro de Medio Ambiente ha dicho que “en el proceso investigativo se pudo determinar que los adquirientes de los terrenos no cumplieron con el procedimiento de lugar de forma legítima”.
Corresponde al Ministerio Público abrir una investigación que desentrañe todo el entramado para cometer un ilícito como ese.
Se trata de una grave irregularidad en la que podrían estar envueltos personajes que hoy se levantan como portaestandartes de la lucha contra la corrupción.
La transparencia que se exige para un caso, debe valer para otro.
