El pasado 5 de enero Eduard Andrés Montás Lorenzo desistió de su acusación como actor civil contra Blas Peralta y compartes, por el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, el malogrado ciudadano que en sus afanes de servir al país cayó víctima de la intolerancia y la delincuencia política en medio del proceso electoral pasado.
El desistimiento de Montás Lorenzo no dejó de sorprender, toda vez que es el centro de atención en el incidente que terminó con la vida del profesor universitario. Precisamente, la persecución que se desató al vehículo en que viajaba la víctima y la pelea en el lugar en el que se encontraban, es lo que conduce al desenlace fatal.
Desistir de los cargos contra Blas Peralta y demás implicados abre un mar de cuestionamientos. El argumento central, el deterioro de la salud de la madre de Montás Lorenzo, razón humana, no resulta muy convincente. Debe ser un motivo para comprometerse más en su obligación moral con la familia de la víctima y con la sociedad, especialmente él, que aspiraba a convertirse en representante popular en el Congreso Nacional.
En cualquier caso, el hombre no se escapa del proceso. Es testigo presencial de un hecho sangriento que estremeció el país. Debió pensar muy bien lo que hizo, porque coincide perfectamente con el plan de la defensa de propiciar el aplazamiento indefinido de la audiencia que conduzca al juicio en un caso que no puede deshacerse en el tiempo.
El desistimiento concuerda con diez aplazamientos solicitados y concedidos a la defensa, por motivos claramente dirigidos a aletargar el proceso.
Lo lamentable es cómo los jueces se someten al imperio de los inculpados, en perjuicio de la sana administración de justicia.
Los procesos judiciales deben seguir un debido curso. Los jueces deben dar apertura a juicio y no prestarse más al juego de los aplazamientos sin causa justificada.
Justicia es lo que se pide.
