Tan pronto el juez Francisco Antonio Ortega Polanco dio a conocer la parte dispositiva de la resolución sobre la solicitud de medidas de coerción contra varios ciudadanos investigados por graves cargos criminales, el pasado 7 de este mes, sobrevinieron reacciones de todo tipo.
No faltaron juicios de valor que incluso cuestionaban al mismo juez que antes había sido valorado con las mayores prendas y capacidades para manejar un caso tan delicado como el presentado por la Procuraduría General de la República sobre los ya famosos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Van desde estimaciones superficiales sin que se conociera la sentencia completa, hasta afirmaciones políticas que nada tienen que ver con la administración de justicia.
Ninguna persona mínimamente informada podía pretender que cuanto correspondía decidir al juez sobre la petición de medida de coerción y declaratoria de complejidad era cuestión sencilla, no sólo por la gravedad de los hechos imputados, sino por la circunstancia misma que atraviesa el poder judicial, bajo asedio y desconfianza. La audiencia devenía en otra prueba para la justicia.
Señalar es fácil. Juzgar con responsabilidad siempre será difícil. El juez prestó “atención sosegada” a los presupuestos comprensibles planteados por los encartados y señaló prudentemente que “para determinar la procedencia o no de una medida de coerción no basta con la posesión de arraigo y falta peligro de fuga, sino que el juez ha de ponderar también el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción; más aún, cuando se presume seriamente comprometido el interés público, los valores esenciales de la función pública y su correcto desempeño como eje cardinal de un Estado social y democrático de derecho; entre otros presupuestos que la jurisprudencia ha tenido en consideración…”
Se ha llegado a un extremo de sugerir que el juez invadió las facultades del Congreso al disponer medidas restrictivas a los legisladores acusados. Muy al contrario, reafirmó el sentido de los artículos 86 y 87 de la Constitución y precisó el alcance de su decisión.
El juez Ortega Polanco ejerció sus potestades de acuerdo con la ley y trató de ser justo. Es sensato que se guarde el debido respeto a su integridad y honestidad profesional.
