La disposición final de los desechos sólidos es uno de los viejos problemas pendientes de solución que sólo llaman la atención cuando se desata una crisis en el proceso de recolección, transporte o manejo en una de las grandes ciudades de la República.Ahora se ha hecho visible otra vez con el conflicto entre los dueños de Duquesa y varios municipios.
Esta crisis recurrente con la basura en el Gran Santo Domingo se está tratando como una Litis entre los manejadores de Duquesa y los municipios, pero es más que eso. No es sólo una cuestión de precios entre partes que depositan y quienes manejan el depósito. Es una materia medioambiental que el Poder Ejecutivo rehúsa considerar en su verdadera dimensión.
Duquesa como vertedero cae en el marco de los servicios municipales, pero su manejo e impacto atañe a la autoridad nacional que encarnan los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública. Es decir, arrastra al Poder Ejecutivo.
Llama la atención cómo los representantes del Ejecutivo abordan el conflicto. La mediación ha sido el recurso principal y la elusión de responsabilidad la vía accesoria.
Por eso, muchas personas preguntan acerca del ejercicio de la autoridad en la República cuando los asuntos envuelven a personas poderosas o vinculadas al poder.
El manejo y la disposición final de la basura es de interés colectivo. Si bien las municipalidades tienen responsabilidades específicas con la recolección y el transporte, el Estado está en la obligación de garantizar las condiciones para que ese servicio no colapse, no importa cuál interés privado esté de por medio.
El Poder Ejecutivo debe asumir un rol más activo para buscar una solución estratégica, de largo plazo, a la disposición final y al procesamiento de los desechos del Gran Santo Domingo. Las municipalidades no cuentan con los recursos ni las capacidades para hacerlo.
La urbe de Santo Domingo no puede estar sometida al estrés de la basura. Hiede, apesta, molesta y enferma.
