La sociedad moderna presenta situaciones que podrían hacer pensar que no siempre el acceso a los sistemas de transmisión de contenidos son garantías de que se puede estar correctamente informado.Más bien se puede recibir un extraordinario volumen de datos, pero no significa necesariamente que reflejen la realidad, y particularmente, la que se desarrolla en tiempo real.
Cualquier persona está en capacidad de emitir cualquier cantidad de datos, acompañados o no de imágenes y sonidos, sugiriendo que ocurren determinados acontecimientos. Nada garantiza sin embargo que esos elementos divulgados se correspondan con la realidad actual.
Si no se está en alerta, puede correr como acreditable un enorme volumen de información falsa que sólo es útil para engañar con determinados propósitos.
El peligro acecha a receptores y emisores, y es necesario discernir con propiedad, mediante las verificaciones, para saber si se está en lo cierto o en realidades construidas a fuerza de datos e imágenes correspondientes a hechos que ya son parte de la historia.
El peligro de este tipo de datos en línea es enorme. De ahí la importancia de que las instituciones calificadas estén siempre disponibles para ofrecer las informaciones a veces imprescindibles para que las verdades falsas no se impongan.
Siendo así, cómo se explica que instituciones como la Policía Nacional, con tan graves responsabilidades a cargo, como la seguridad ciudadana, se dé el lujo de negarse a compartir las informaciones con la ciudadanía. Cómo es posible que las retengan o las oculten obedeciendo al absurdo de un determinado “plan de comunicación”.
La Policía es una institución de servicio público, y como tal debe dar cuenta. Debe informar lo que sucede, debe explicar con todos los detalles lo que sucede y debe orientar a la ciudadanía.
La Policía viola el derecho a la información, la ley 200-04 de acceso a la información, y por extensión viola la libertad de expresión. Viola la Constitución y también estimula la difusión de falsas verdades.
