La desazón y el desconcierto generados por el atentado contra el Grandes Ligas David Ortiz sólo se atenúan cuando las autoridades presenten las conclusiones creíbles sobre todos los elementos que rodean tan bárbara acción. Es decir, por qué ese ciudadano pacífico fue atacado y quién o quiénes motorizaron tal salvajismo.
Es necesario que las autoridades, llámese Ministerio Público como jefe de la investigación criminal, y su brazo ejecutor la Policía Nacional, sepan que el país y una amplia comunidad de los Estados Unidos está a la espera de información.
Lo ocurrido ha sido de una gravedad tremenda, no sólo por la dimensión de la figura, su naturaleza inofensiva, sino porque envía otra señal del grado de inseguridad en que se vive en un país destino de miles de personas de todo el mundo, con un principal emisor que es Estados Unidos.
No puede darse pie a dudas o a cualquier respuesta improvisada sólo para llenar el vacío y la incertidumbre que el caso ha generado.
Hay demasiado piezas sueltas, y un mar de versiones que circulan a todo dar, que deben ser despejadas con propiedad y calidad. Y eso obviamente pone toda la atención sobre los responsables de la investigación.
Esos responsables parece que comprenden esa inquietud.
Hay otros asuntos que igual obligan a esas autoridades a hablar claro, e incluso, a profundizar para superarlos definitivamente.
¿Cómo es posible que dos de los implicados en el atentado contra David Ortiz que cumplían penas por crímenes estuviesen en las calles?
Esta realidad relieva una grave debilidad del sistema penitenciario que si bien no es nueva, cobra nuevos matices y plantea interrogantes que merecen respuestas. ¿Cuántos criminales condenados, que deben estar en prisión, andan por ahí?
¿Cómo criminales condenados se beneficien del régimen de libertad condicional tan fácilmente, cuando se supone que deben pasar por un proceso de evaluación a cargo de un juez de ejecución de la pena?
Más aún, otra vez se evidencia la facilidad con que los internos pueden comunicarse desde celulares, incluso, para continuar ejecutando crímenes.
Todo eso sólo estimula el desaliento y la falta de confianza en la administración judicial.
Esperamos respuestas.
