Se comportan mal los que, sin elementos probatorios en mano, sazonan e insinúan una denuncia de posible sabotaje a las elecciones del domingo; igual los que a priori la desestiman. Es de lógica elemental considerar sospechosas ambas reacciones, porque si por algo una parte desea que se investigue, también por algo la otra no transmite la seguridad de querer un proceso totalmente diáfano.
Lo que procede, entonces, es no hacer coro a uno ni al otro bando y en cambio despejar el menor resquicio para las dudas; cortar de raíz, en caso de que existiera, cualquier intento de revivir episodios desagradables.
Así razonaría quien no esté imbuido de un excesivo triunfalismo ni de un rechazo de antemano a que le cuenten los votos.
En ese contexto atina el Ministerio Público al investigar lo denunciado. Es su responsabilidad, la que todos debieran apoyar.
Como atinada es también la resolución No. 11-2024 de la Junta Central Electoral, publicada la noche del miércoles y que establece un protocolo de excepción para el conteo de los votos, en caso de desperfecto en la mesa de votación de los equipos informáticos.
Es una resolución, junto a otra sobre la emisión de los boletines, que no guarda relación con un presunto sabotaje o apagón, pero que decide cómo se debe actuar ante contingencias extremas.
Independientemente de lo que arroje la investigación del Ministerio Público o de cualquier otro ente que se involucre, los dominicanos, de eso estamos completamente seguros, acudirán confiados a votar el domingo.
Como siempre, la mayor parte de la población irá a las urnas y, con su fino olfato, sabrá escoger a los candidatos que considera satisfacen sus expectativas.
Lo que resulta penoso es que todavía no nos hayamos librado totalmente del fantasma del fraude, un espectro atribuible a la cultura de la trampa, del regateo, las mañoserías y las trapisondas.
