Viendo el desempeño del ministerio de Medio Ambiente, caracterizado por la proactividad, imaginamos que está cumpliendo cabalmente con sus funciones.
Su empeño por salvar Valle Nuevo de las prácticas agrícolas destructivas, su intervención en Los Haitises y su coordinada participación en los planes de reforestación pueden convencer a muchos de que es como adelantamos.
Pero un seguimiento sostenido a sus medidas permite descubrir que algunos anuncios parecen dirigidos a lograr efectos en la opinión pública.
La empresa Lajun Corporation fue multada el año pasado al pago de RD$2 millones por los daños ocasionados a consecuencia de un incendio en el vertedero de Duquesa. Aquella sanción todavía nadie sabe si fue pagada por esa empresa, que hasta la sentencia de ayer del Tribunal Superior Administrativo se venía burlando de la ciudadanía.
Más aún, hasta donde tenemos noticias Lajun tampoco ha pagado la multa de RD$16 millones que le impuso el ministerio de Medio Ambiente en abril, por desentenderse de su obligación de implantar un programa de manejo y adecuación ambiental en el mencionado vertedero.
El pasado martes, el Ministerio anunció la aplicación de otra sanción, esta vez a la empresa minera Falconbridge Dominicana (Falcondo). Una multa de RD$7.6 millones por los daños provocados tras el derrame de combustible de uno de sus oleoductos en el municipio de Haina.
Cuando toma este tipo de resoluciones, Medio Ambiente no está haciendo nada extraordinario. Sólo cumple con el artículo 167 de la ley.
El peligro de la adopción de este tipo de medida es que haya un relajamiento del principio de autoridad. Se anuncia la sanción, pero las empresas no cumplen. El Ministerio debe hacer que se pague. Y además, que de verdad haya reparación del daño.
Más aún, cuando sea necesario, debe recurrir a las sanciones penales previstas en el artículo 169 de la ley 64-00. Sólo así se sabrá si estamos ante anuncios efectistas o en el serio cumplimiento de la ley.
¿Efectismo o acción?
