Ya resulta inocultable la lucha entre los liderazgos principales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El presidente del partido Leonel Fernández quiere ser candidato en 2020, en abierta oposición a una reforma de la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina, quien desea continuar en el poder.
Esta semana fue escenario vivo de esa confrontación. Ante la movilización de ciudadanos y legisladores contrarios a la reforma constitucional frente al Congreso, el sector favorable a la reforma recurrió a la militarización del área. Fueron dos demostraciones de músculo, una mediante la acción de masas y la otra de la fuerza del poder: militares y policías. Esta última se excusó en una supuesta solicitud de los presidentes de las cámaras que habrían recibido información del ministerio de Defensa de que se planeaba ocupar las oficinas del edificio.
Ahora habría que preguntarse hacia dónde girarán los actores, a qué recursos podrían recurrir. El jueves el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, se reunió con el presidente del PLD y con el presidente de la República. Se habla de que se busca bajar la tensión, pero en realidad, nadie conoce el propósito ni el alcance de los encuentros.
Una reforma de la Constitución que resulte forzosa, es decir, con los votos obtenidos de fuerzas políticas normalmente adversas, podría ser considerada por sus oponentes como una compra en el mercado político. Y ser considerada como una fuente de ilegitimidad.
Podría tener imprevisibles consecuencias, han advertido algunos. Quebraría la unidad del PLD y su permanencia en el poder estaría en riesgo. El escenario político podría recomponerse. Mismos autores al frente de nuevas formaciones políticas.
Sería una nueva edición de procesos parecidos en otras organizaciones políticas, como ocurrió en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Fuera del poder durante un largo período hasta devenir en un aliado menor del partido gobernante.
Hay quienes temen derivaciones peligrosas de la crisis en el PLD referidas a la institucionalidad democrática como la conocemos, pero ese sería un proceso largo y complejo. Lo peor sería una confrontación política y social como en otros países, que gire sobre la legitimidad o ilegitimidad del marco institucional a partir de la reforma.
