“Resulta inaceptable cualquier iniciativa que amenace la soberanía de Venezuela. Son los venezolanos quienes deben decidir su destino. Es de su exclusiva competencia”. Era la conclusión de este diario el 28 de marzo a propósito de la gestión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un grupo de países de aplicar la Carta Democrática a esa nación, según la cual (artículo 20) cuando un país se sale del carril democrático o constitucional, cualquier otro estado miembro, o el propio secretario general, pueden solicitar la celebración de una reunión para evaluar la situación.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual asume la competencia de la Asamblea Nacional, que había ganado en elecciones bien competidas la oposición, constituye un grave error que en nada conviene al punto de vista que sostiene la búsqueda de soluciones nacionales a la crisis mediante el diálogo, y expone a Venezuela a un mayor aislamiento.
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la Sala Constitucional o una instancia que esa sala designe asuma el rol del Poder Legislativo para “garantizar el Estado de Derecho”.
Esta medida ha alentado al diligente secretario de la OEA Luis Almagro a replantear la celebración de la reunión consultiva.
La dramática realidad de Venezuela es más que preocupante. Lo deseable es que no siga deteriorándose.
A principios de semana, el Tribunal Supremo concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro “para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervención”.
Es como si el gobierno se estuviera preparando para una guerra. Pero desde ya los venezolanos sufren una crisis que no dista nada de un conflicto que amenaza a mayores.
Hemos sido sistemáticos en la defensa del derecho de cada país a decidir sus asuntos y que los diferentes entes nacionales encuentren soluciones pacíficas.
Con una resolución como la adoptada ahora, mediante la cual se anula el Congreso, está planteada una agudización de las contradicciones entre el gobierno y la oposición.
No ayuda en nada a la paz y a la democracia suprimir el Parlamento de Venezuela.
Es deplorable.
