El escándalo desatado por la revelación del lado oscuro de la empresa Odebrecht, en paralelo con los procesos políticos y de corrupción administrativa que arrastraron la caída de Dilma Rousseff, más allá del territorio del Brasil ha impactado a países y gobiernos a los cuales ha prestado sus servicios.
Según el informe divulgado en diciembre pasado por el departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht se manejó con un esquema secreto en no menos de doce países de África y América Latina, mediante el cual utilizó 788 millones de dólares en sobornos para garantizarse alrededor de cien proyectos de infraestructuras.
La revelación, avalada por la propia compañía, fue producto de un acuerdo judicial con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza, que incluye el pago de 2,047 millones de dólares como resarcimiento, lo que ha dado lugar a que en Latinoamérica varios países hayan iniciado investigaciones sobre las operaciones de esa compañía.
La República Dominicana, donde también opera Odebrecht, precisamente impulsa una investigación sobre un monto de US$92 millones que de acuerdo a la propia compañía habría entregado a su representante legal para sobornar a funcionarios, desde el 2001, cuando se estableció aquí. Odebrecht incluso declaró a quién entregaba esos montos. El procurador ha exigido a quien los recibió que justifique el destino de los mismos, en plazo perentorio.
Es una situación gravísima que obliga a actuar, y en efecto, la Procuraduría General de la República mueve la acción pública para determinar cómo se produjo el cohecho.
Las autoridades del Ministerio Público, lideradas por Jean Alain Rodríguez, están en la obligación de desentrañar todo lo relativo a esta cuestión, ese lado oscuro de una compañía que a todas luces trabajaba bajo las reglas y convenciones de la libre concurrencia.
El país, expectante, espera el desenlace de ese caso. Todo eso debe ser esclarecido debidamente. Establecido cualquier ilícito, debe imponerse el castigo condigno.
El Ministerio Público debe continuar su labor.
