Faltan tres años para las elecciones próximas. Tiempo suficiente para realizar la reforma del régimen legal que habrá de primar para las mismas. Dos son las herramientas fundamentales asociadas, la ley electoral y un estatuto especial para el comportamiento de los partidos.
Se presume que la parte más interesada en que sean aprobadas es la oposición, porque en países como República Dominicana el poder constituye una ventaja para los aspirantes, de manera muy especial si entra en juego una reelección del partido, del presidente o de una buena parte de los representantes al Congreso y los municipios.
El año pasado el oficialismo dio visto bueno a una iniciativa patrocinada por Agripino Núñez Collado para aprobar la reforma, pero la oposición privilegió presionar para que primero fuese escogida una nueva Junta Central Electoral (JCE) y desechó sentarse en la mesa del diálogo. No había aparentes motivos para negarse a discutir los dos asuntos al mismo tiempo o paralelamente.
Recién la JCE presentó al Congreso los proyectos de reforma de la ley electoral y de creación del régimen de administración de los partidos. La oposición desea ahora que esos asuntos sean decididos fuera del ámbito del Congreso, mediante un “consenso”.
Hay que presumir que los entes políticos que discutirán esos asuntos fuera del Congreso serán los mismos que participarán en las vistas públicas o las salas de ambas cámaras, o sus representantes. Se deduce que hay interés en que los partidos pequeños estén representados en esa discusión.
Sin embargo, las decisiones políticas en la generalidad de los casos se adoptan por delegación de partes cuando estas actúan coaligadas. Pero además, las cabezas más importantes opositoras están representadas en el Congreso, en minoría.
Es poco probable que mediante un “consenso” fuera de la institucionalidad congresual pueda imponerse nada a la cúpula partidaria que controla el Congreso.
Los proyectos presentados en las cámaras tienen el aval de la JCE. ¿Qué puede hacer ese ente que atente contra los intereses de los partidos?
Total, una ley no es más que una ley, igual para todos, fuera o dentro del gobierno. Quienes hoy disfrutan el poder mañana podrían ser opositores.
¿Cuál es el verdadero problema?
