Luego de más dos décadas de bamboleo, los senadores, al menos 20 de ellos, aprobaron el miércoles una de las varias versiones del Código Penal, tan rápidamente que deja margen para conjeturas, especialmente al quedar fuera del texto lo referente a la interrupción del embarazo (las tres causales).
Las mayores interrogantes están en que solo restan poco más de 40 días para que finalice la legislatura y asuman los nuevos congresistas electos en mayo, por lo que no estaría despistado quien sospeche que el comportamiento obedece a algún acuerdo o pacto secreto, de los que la población nunca se entera.
Para objetar la tratativa senatorial, no es que se incorpore al texto las tres causales o que entre el mar, porque existe consenso sobre la necesidad de un nuevo código penal para superar al actual, añejo, desfasado, que no refleja el dinámico mundo de hoy.
Los senadores se han compuesto para dar la espalda a un clamor de una parte importante de la sociedad, y dan preeminencia a ideas conservadoras que intentan ocultar las profundas desigualdades sociales que median a un fenómeno de salud pública que afecta desproporcionadamente a las mujeres más pobres.
No ignoramos, empero, que no es solo un tema sanitario, sino también el negocio de médicos desaprensivos que se llenan los bolsillos con abortos clandestinos, de comadronas y curanderas que lo practican en condiciones deplorables, un comercio ilegal sobre el que el Estado no tiene ningún control.
Con las tres excepciones (peligro para la vida de la madre, un embarazo por violación, incesto o malformaciones), al legislador no se le estaba pidiendo nada vergonzante y, por el contrario, hubiera dejado satisfecha a una mayoría de la sociedad, al médico y a la mujer.
Quizá la Cámara Baja se digne a enfrentar con más entereza la realidad en lugar de quedar bien con Dios y con el Diablo con la incierta promesa de una ley especial. Incluso, ojalá que no se les ocurra, porque aumentaría las dudas, tratar de conocerlo y “pasarlo” en la actual legislatura.
Una última esperanza sería, en caso de que llegue rápidamente a su despacho, que el presidente Luis Abinader vete esa ley y cumpla así la promesa programática que ofertó a sus electores.
Obvio que se necesita, reiteramos, un Código Penal actualizado que refleje los nuevos tiempos, pero una cosa no se contrapone a la otra.
