El balance de los daños causados por las lluvias en diferentes puntos del país refleja una calamitosa situación que pone en aprietos a los damnificados y al Gobierno.Más de 10 mil personas desplazadas de sus viviendas, 59 comunidades aisladas, 34 acueductos fuera de servicio, 24 carreteras y 15 puentes afectados, son parte de los daños causados en infraestructuras públicas, que unido a más de dos mil viviendas impactadas ofrecen un panorama desolador, de calamidad nacional.
El Gobierno, con el presidente Danilo Medina a la cabeza, acompañado de su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ha estado visitando las zonas y regiones más afectadas por inundaciones y desbordamiento de ríos, evaluando y cuantificando las pérdidas.
En los casos, en los que las condiciones climatológicas lo han permitido, las labores de reconstrucción han iniciado.
Por la magnitud de los daños, los trabajos necesarios para recuperar las obras afectadas son costosos y el tiempo largo. Construir un puente, por ejemplo, no es labor de una semana.
Pero además del tiempo requerido para los trabajos, está el factor costo, y la desesperación de las personas que utilizan las infraestructuras colapsadas para su habitual desempeño.
En los trabajos de reconstrucción y rehabilitación hay que tener en cuenta las condiciones climatológicas y la parte financiera, la de la disponibilidad de fondos para financiar los trabajos. Los daños provocados por situaciones similares ocurridas en la región Norte del país durante el último cuatrimestre del 2016 fueron estimados en más de 20 mil millones de pesos. El Gobierno se vio obligado a buscar opciones extraordinarias de financiamiento, incluyendo una reestructuración presupuestaria, para enfrentar la situación.
El Fondo de Calamidad Pública, que debe captar el 1% de los ingresos corrientes, apenas había sido dotado de menos de 600 millones de pesos, por las limitaciones presupuestarias de entonces, que son las mismas de ahora. Por ley, el fondo debía captar 5,000 millones de pesos.
Para este año la dotación de recursos al Fondo de Calamidad Pública es igual a la del 2016, por lo que su utilidad para el Gobierno girar es similar o menor. Las necesidades de ahora son iguales o mayores que a las de entonces. Lo que no deja duda es que la necesidad de arreglo de obras es igual, y que el Gobierno tiene la obligación legal y moral de actuar. Manos a la obra, pues.
