En la República Dominicana tenemos una creciente población que ya es algo más que una minoría ciudadana que impacta el mercado laboral y las actividades productivas.
Su presencia ha sido fuente de debates que han trascendido al plano internacional. El Estado ha implantado medidas y medios para darles estatus en el marco de las leyes y resoluciones nacionales.
Sin embargo, esa presencia no ha respondido en los términos deseados para regular su permanencia, ya por ignorancia o porque no le asigna valor, o simplemente, porque en algunos casos no han encontrado la colaboración de las autoridades de su país.
Y cada día aumenta el número de ciudadanos en situación irregular. Tanto, que tiene una importancia significativa ya tradicional en la agricultura y modernamente en la construcción, y se expande a otras ramas.
Pero también ha cobrado una participación considerable en los trabajos minoristas, callejeros, en esquinas y puestos, mediante la oferta de productos diversos. Son los trabajos que ya no desean realizar los dominicanos.
La presencia en las calles, plazas y parques se ha convertido en una fuente de conflictividad en los municipios de Santo Domingo y Santiago, cuando sus autoridades tratan de establecer algún ordenamiento. Porque el grado de deterioro de áreas de esparcimiento público, de hábitats para determinados propósitos, impactan de manera muy negativa el entorno urbano y las posibilidades de disfrute de la población en general.
Cuando las autoridades municipales intentan establecer algún orden o proceden por vía civilizada a notificar un desalojo de determinados espacios, la respuesta es el caso omiso. Y cuando actúan, la violencia puede ser la respuesta.
Esa violencia es un riesgo. Afortunadamente, las autoridades a cargo de ejecutar esas acciones suelen ser cautas. Pese a que han resultado agredidas a pedradas muestran una tolerancia ejemplar.
Estos incidentes pueden ser vistos como parte del nuevo folclore al influjo de las migraciones. Sin embargo, una buena memoria no puede quedarse en los hechos más recientes. Habría que recordar los disturbios de Villa María, en el Distrito Nacional, el año pasado.
El poder público debe prestar atención a estos casos.
Aún se está a tiempo.
