De entrada saludamos el acuerdo salarial alcanzado por el ministro de Educación con los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), y augurar que con él retorne la normalidad en las escuelas por lo que resta del año lectivo 2021-2022.
Si el inconveniente principal era lo salarial y como en la declaración conjunta suscrita se refrendan los acuerdos firmados por ambas partes en junio del 2021, no hay motivos valederos para nuevos estorbos y sí suficientes razones para que prime la armonía y la voluntad de honrar lo pactado.
Sabemos que hay resabios alrededor del monto 10% logrado por el gremio magisterial debido a que su pretensión era que fuese retroactivo a enero y la entrada en vigor fue fijada para el próximo mes, pero si la ADP transó en esos términos tiene que asumirlo sin resquemores.
Hasta la comunidad nacional tiene que asimilarlo así, con todo el mal mensaje que dejaron estos meses de “lucha”, como si se tratara de la negociación de una empresa con su sindicato, pero con la educación de por medio y fondos públicos.
De todas maneras, queda la esperanza de que no haya más pérdida de docencia por la delicada coyuntura por la que atraviesa la educación debido a los retrasos provocados por la pandemia del coronavirus, lo que en opinión de voces expertas, como es el caso de Unicef, ha significado graves retrocesos en materia de aprendizaje, con muchas horas de clase perdidas y niños que todavía, después de dos años, no han vuelto plenamente a las aulas.
En un estudio hecho tan recientemente como marzo pasado, Unicef concluye que si no se toman medidas, la educación en muchos lugares puede pasar de ser “el gran nivelador” a crear la “gran división” entre los niños que tienen un aprendizaje adecuado y los que no.
Vemos en este acuerdo salarial una solución transitoria que contribuirá a completar el calendario, pero esperemos que las luchas sindicales de la ADP no sean solo una pausa hasta su próxima confrontación con las autoridades.
