Ante el desconcertante panorama que plantea la violencia es inevitable pensar en el último plan de seguridad ciudadana anunciado por el Gobierno. ¿Lo recuerdan? No importa. Nada ha pasado que sugiera que se estén tomando medidas para evitar que más personas mueran.
Por cierto, llama la atención el silencio privilegiado que guarda el director de la Policía. Sólo su vocero se comunica para decir cualquier cosa que todos imaginamos: -Este hecho será esclarecido hasta el olvido, con el próximo asesinato. Cruel, ¿verdad?
En este desconcertante panorama se piensa: Un alto porcentaje de los asaltos que terminan en crímenes se cometen desde o utilizando motores. El motor es muy eficaz para atacar y huir. Con esos cascos protectores modernos los motoristas resultan invisibles. La tarea se complica para los derrotados policías y todo el equipo de seguridad ciudadana.
Ahora piense en los 3 millones 854 mil 38 vehículos de motor que había en circulación en la República al 31 de diciembre, que ya deben ser muchos más. De esos, el 54.4% son motocicletas. Es decir, por las calles y caminos de las ciudades y comunidades rurales circulan cada día 2 millones 96 mil 196 motocicletas, o algo más.
Una gran mayoría de esos vehículos no tiene registros. El Estado no sabe de quiénes son.
Muchos fueron importados por partes, o como piezas, lo que complica más la labor de crearles un papel o una matrícula. Otros tantos son robados y se desconoce en manos de cuál delincuente están. Es más, para no hacer larga la historia, hace unos años que el Estado declaró con sordina su incapacidad para esa imposible tarea de registrar los motores.
De modo que ruedan por el país sin un estatuto legal delivery, taxistas en dos ruedas, motoconchistas, mensajeros de paquetería y de la muerte, asaltantes, y ciudadanos honestos que tienen en ese medio una forma de sobrevivir.
Los motores, que devienen en armas peligrosas, no hay forma de someterlos a normas.
¡Admitámoslo, qué desconcierto, los criminales siguen ganando la batalla!
