No existe un debate sobre los sueldos de los magistrados de las llamadas altas cortes. Particularmente, nadie ha denunciado los niveles salariales de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), recientemente designados después de una fuerte presión de la oposición contra la permanencia de los anteriores titulares.
Sin que haya una campaña de esa naturaleza, el pleno valoró que sus salarios no estaban en consonancia con la ley orgánica 29-11 que crea el TSE, que en su artículo 8 dispone que “el presidente y los miembros del Tribunal Superior Electoral disfrutarán de sueldos permanentes equivalentes a los de los miembros de la Junta Central Electoral, que se consignarán en el Presupuesto General del Estado”.
El sentido común los hizo entender que estaban en una situación irregular, porque se fijaron sueldos por encima de los que devengan los miembros de la JCE.
El hecho de que estos señores, sin presión política o social, hayan procedido de esta manera, constituye un gesto que la sociedad debe valorar.
Los montos que se han rebajado de sus salarios son importantes. Pero lo fundamental es que hayan actuado de esa manera. Es decir, de someterse a la legalidad y de renunciar a beneficios por propia iniciativa. Ese proceder escasea en República Dominicana y es encomiable que haya ocurrido.
Los magistrados envían un mensaje. Le están diciendo a la sociedad que han asumido sus funciones con la vocación de servicio. Asimismo, que se someten al imperio de la ley. Que el hecho de que gobiernen un Tribunal Superior Electoral no significa que estén por encima de la JCE. La ley manda que sus sueldos sean iguales a los percibidos por los miembros de la Junta.
Celebremos que estos señores actúen de esta forma. Valorémoslo como un mensaje de que quieren actuar conforme al mandato constitucional tal como ellos mismos lo invocan: “La administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”. (Art. 138).
Esperemos que también sus decisiones sean justas y que no den pie a reproches y quejas ciudadanas.
