La firma del Pacto Eléctrico la semana pasada generó críticas y cuestionamientos a la decisión gubernamental de rubricar el mismo documento, sin cambio alguno, que se había negado a convalidar tres años atrás cuando se encontraba en la oposición.
Llamó la atención que el gobierno no intentara justificar su cambio de posición respecto a su valoración original de la propuesta y la premura con la que decidió convocar a la culminación de dicho pacto, no obstante las objeciones de algunas personalidades y sectores miembros del Consejo Económico y Social, escenario donde habían tenido lugar las discusiones.
Cuando se examinan aspectos de fondo sobre las razones que pudieron haber motivado dicho comportamiento desde el punto económico, encontramos que las razones son diversas, sobre todo, asociadas a la situación coyuntural que enfrentan las autoridades y a aspectos estructurales fundamentales para sanear financieramente el sector y mejorar la competitividad del mismo.
La aprobación del Pacto Eléctrico y el establecimiento de las metas financieras, a ser logradas en su conjunto, deben ser un prerrequisito para la discusión del pacto fiscal, pues la evolución esperada del déficit del sector generador de energía condicionará el resultado de las cuentas públicas. No debería aspirarse a establecer metas de presión tributaria en el pacto fiscal, sin que se conozca la incidencia que tendría en el futuro el déficit de ese sector.
Entre 2012 y 2019, el gobierno transfirió a la industria eléctrica 10,361 millones de dólares por concepto de gastos corriente y de capital. Excluyendo el 2015, por presentar un resultado fiscal atípico debido a la recompra de la deuda de Petrocaribe, este monto representó en promedio más del 51% de déficit del gobierno central en esos años y más del 60% del incremento de la deuda pública en ese mismo período.
En el lapso 2015-2019, las deudas no vencidas acumuladas al final de año con las empresas generadoras de energía, alcanzaron en promedio poco más de 1,200 millones de dólares. Antes una situación de vulnerabilidad de las cuentas fiscales como en el presente, es de esperarse que generadores privados y el gobierno tengan mutuo interés en mitigar mediante la aplicación del pacto eléctrico, los riesgos asociados a dicha vulnerabilidad. Pero el interés del gobierno trasciende lo dicho precedentemente.
A corto plazo, el gobierno enfrenta el desafío de realizar una operación financiera por unos 87,000 millones de pesos para completar los ingresos previstos en la Ley General de Presupuesto de 2021. Los principales activos que el gobierno pudiera enajenar se encuentran en el sector de generación y distribución de energía, pero para su realización es imperativo sanear las cuentas del sector. Es difícil que se pueda atraer inversión de calidad con la situación de fragilidad financiera e institucional del ese sector.
A mediano y largo plazos, el gobierno está compelido a reducir las pérdidas del sector energía para atenuar la magnitud de la reforma tributaria que deberá consignarse en el Pacto Fiscal pendiente de discusión y así hacer más viable la reducción del déficit público, a los fines de hacer las cuentas públicas sostenibles.
Para lograr lo planteado en los dos últimos párrafos, firmar un Pacto Eléctrico que otorgaba flexibilidad a la posibilidad de privatizar el cobro del servicio de energía y a realizar reajustes tarifarios, constituía un extraordinario pie de amigo para legitimar las futuras decisiones a ser adoptadas por las autoridades, por lo que éstas no podían permitirse dejar pasar la oportunidad de firmarlo a pesar de todas las objeciones planteadas. Firmar el Pacto no fue nada trivial ni improvisado como pudo aparentar.
