Cuando el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ascendió al poder, una de sus primeras preocupaciones fue hacer notar a los congresistas de su partido sobre los riegos de someter a juicio político al expresidente Donald Trump por sus desmanes contra la democracia, cuando trató de evitar la ratificación de la victoria del actual presidente por parte del Congreso de ese país, un hecho sin precedentes en la historia de esa nación.
El presidente Biden sentía preocupación porque el congreso se implicara en una lucha política y descuidara sus responsabilidades en la urgente tarea de aprobar los funcionarios designados de su gabinete, así como el programa de estímulo fiscal para ayudar a las familias, las pequeña y mediana empresas y los gobiernos estatales, muchos de estos últimos sumidos en una profunda crisis financiera como resultado de la pandemia.
No obstante la gravedad de las acusaciones contra el presidente Trump, de haber incitado a la violencia a sus seguidores, cuyo comportamiento el 6 de enero de este año, a escasas semanas del cambio de gobierno, desembocó en el asalto al Capitolio de esa nación, hechos que dejaron un saldo de varios ciudadanos muertos y la vandalización de ese símbolo de la democracia y el poder político de esa nación, el presidente Biden entendía que era otra la prioridad de su nuevo gobierno, a pesar del grave daño a la democracia ocasionado por la conducta del presidente Trump.
Era tiempo de pasar la página y enfocarse en las tareas de gobernar para enfrentar las crisis sanitaria y económica.
El presidente Biden acumula una dilatada carrera política que lo ha llevado a ejercer, además de la presidencia del país, la vicepresidencia durante los ocho años de gobierno del presidente Barack Obama, en los que cumplió diversas responsabilidades como la supervisión del gasto en infraestructura para contrarrestar la recesión económica provocada por la crisis financiera del 2008. Por su experiencia en el Senado, participó activamente en las discusiones de distintas leyes, entre ellas: las de Alivio Fiscal, de Control del Presupuesto y de Alivio al Contribuyente. Durante 36 años consecutivos fue senador por estado de Delaware.
Antes de cumplir los tres meses, el gobierno de los Estados Unidos había diseñado y sometido al Congreso una ambiciosa reforma fiscal con la que planea financiar el Plan de Empleos.
Estadounidense, nombre oficial del paquete fiscal destinado a generar millones de empleos, a modernizar la infraestructura del país, aumentar la cobertura de protección a la infancia y mejorar la oferta educativa pública, entre otros. Previamente, ya el presidente Biden había logrado la aprobación del paquete de estímulo fiscal contra la pandemia.
El contraste
El gobierno del presidente Luis Abinader comenzó unos cinco meses antes que el gobierno del presidente Biden. En un discurso dirigido al país el 8 de octubre del pasado año, el presidente criticaba a la pasada administración destacando que cuando llegaron al gobierno los beneficiarios de los programas sociales no habían recibido el pago correspondiente al 7 de agosto, no había dinero para el pago de la nómina pública y que, además, habían encontrado pagos irregulares por RD$40,000 millones no presupuestados.
Con una administración anterior que enfrentó una abrupta caída en sus recaudaciones, proyectadas originalmente en unos RD$63,000 millones y un aumento de gastos no programados de más de RD$90,000 millones, así como severas dificultades para recibir financiamiento debido a la tardanza en la aprobación de la Ley de Presupuesto Complementario, que se produjo a mediados de junio, apenas dos meses antes del traspaso de gobierno, era comprensible que se dejaran las cuentas de la Tesorería Nacional con deficiencia de liquidez.
Los programas sociales correspondientes a los meses de julio y agosto que superaban los RD$15,000 millones mensuales, se ejecutaron sin las apropiaciones correspondientes. Solo esto explicó más del 75 % de los RD$40,000 millones de gasto ejecutado no presupuestado. Otras erogaciones correspondientes al sector salud, también se ejecutaron sin estar programadas y, por supuesto, no presupuestadas, lo que se debió a la magnitud de la situación contingente y a la acentuada incertidumbre prevaleciente a principios de la pandemia.
De igual manera, el presidente criticó la mala planificación del gasto y la inversión pública, enfatizando que la crisis sanitaria había sorprendido a la pasada administración “porque no había hecho su tarea”, dejando entrever que se había actuado con improvisación.
Basta pensar en las consecuencias desastrosas que tuvo la pandemia en término de muertes y presiones sobre el sistema sanitario en países de Europa y ciudades como New York, para evaluar la objetividad de ese juicio de valor.
Por si lo anterior fuera poco, la Ley General de Presupuesto del Estado correspondiente al 2021, muestra escasas diferencias con la Ley original de Presupuesto correspondiente al 2020, sometida por la pasada Administración, manteniendo en la primera prácticamente las mismas políticas priorizadas y los mismos montos y lineamientos de gastos que en esta última.
Uno de los aspectos críticos que más enfatizó el nuevo gobierno fue que habían recibido las cuentas fiscales con un gran faltante de recursos. Al cierre del año 2020, la Tesorería Nacional mostró un excedente de unos RD$77,000 millones, lo que invita a pensar si no se habían exagerado los juicios sobre las precariedades de caja que había recibido el nuevo gobierno.
Los resultados
El 20 de diciembre de 2020, el ministro Administrativo de la Presidencia informó al país que el gobierno sometería este año una reforma fiscal en la que se revisarían todas las figuras impositivas y las exenciones. Una reforma integral, similar a la que ejecutó a principios de los años 90 el presidente Joaquín Balaguer y aseguraba que era obligatorio llevar a cabo dicha reforma. El 29 de abril pasado, el mismo funcionario afirmaba en una entrevista televisada, que la reforma fiscal era impostergable y que se realizaría en muy corto tiempo para garantizar que se pudiera aplicar el próximo año.
Pocos días después, el 11 de mayo, el ministro Administrativo de la Presidencia señaló que técnicos gubernamentales analizaban si era recomendable que se realizara una reforma fiscal. “Es un tema que los técnicos, llegado el momento, si es que llega, tendrán que fijar posición y dar a conocer la visión sobre este tema”. Dejando entrever claramente las vacilaciones que enfrenta el gobierno sobre este tema.
Mientras el presidente Biden asume personal y frontalmente la discusión y defensa de su propuesta de reforma fiscal aquí, según se desprende de las declaraciones del ministro, se pretende dejar el tema en manos de los “técnicos”. Los eventos recientes ocurridos en Colombia, el desempleo, la inflación y la fragilidad del aparato productivo son razones de peso para situar al gobierno en el dilema en que se encuentra, pero nos preguntamos: porqué el gobierno no diseñó y socializó la reforma antes de que acontecieran varios de estos hechos, como la experiencia de Colombia y la inflación acumulada.
La lección aprendida
El tiempo de gobernar es oro, no malgaste oportunidades con temas intrascendentes que luego el tiempo, el juicio de terceros imparciales como organismos internacionales, se ocuparán de colocar en su justo lugar. Hoy la reforma fiscal, es casi una oportunidad perdida para el gobierno y para una sociedad que, eventualmente, pagará las consecuencias económicas de su postergación.
