Independientemente de la solidez que pueda tener el expediente acusatorio depositado por la Procuraduría General en relación con el caso ODEBRECHT, difícilmente superará la prueba de la desconfianza ciudadana, que percibe como imposible que un entramado de corrupción tan vasto, de tan larga duración y altas cifras descanse únicamente en catorce sospechosos de los cuales, solo seis, han sido acusados, más uno nuevo, por haberse considerado que supuestamente no habían pruebas suficientes para someter a los demás.
Este escándalo mayúsculo no tiene precedentes por múltiples razones, porque se trata de un esquema internacional de corrupción que operó en distintos países y continentes, aunque Latinoamérica haya sido la gran protagonista de la red corrupta carioca, así como porque no se trata de un caso particular de un período de gobierno, sino que en más de un país como es el caso nuestro, las operaciones corruptas se sucedieron en el tiempo a lo largo de distintos mandatos y de distintas autoridades y partidos gobernantes.
Esto hace que en nuestro país este caso tenga ribetes particulares, pues tres presidentes y dos partidos distintos estuvieron al frente del gobierno y tuvieron el control del Congreso a lo largo del tiempo de ejecución del mecanismo de corrupción implementado por la empresa brasileña para obtener obras públicas mediante el pago de sobornos. Sin embargo, no hay una correspondencia lógica entre las autoridades de los dos distintos partidos, el entonces principal opositor y el oficial, así como de dos facciones dentro del oficial, que se sucedieron en el tiempo para aprobar los contratos corruptos, y la cantidad y diversidad de personas imputadas y finalmente acusadas.
Como sucede con todo caso de corrupción pública el factor político ha tenido un peso enorme en el tratamiento que se ha dado y dará a este expediente, y será muy difícil convencer a la opinión pública de que un procurador designado por el presidente a quien se le atribuye cercanía y quien es miembro de órganos de dirección del partido oficial, pueda manejar imparcialmente la acusación, sobre todo ante el innegable muro de contención que se ha erigido en la investigación que no ha permitido que la misma traspase los umbrales del 2012, a pesar de que del total de las transferencias recibidas para supuestos pagos de sobornos, más del 60% se hizo luego de esta fecha.
No obstante, la presión continua en el tiempo puede hacer ceder los diques de contención de dicho muro, sobre todo porque una parte de esa presión que no es manejable por las autoridades, es la que viene del extranjero, pues por más que se quiera voltear la cara, las investigaciones contra expresidentes en Perú, Panamá, El Salvador, que le han costado el cargo incluso a presidentes y vicepresidentes, y las múltiples acusaciones por sobrevaluaciones de obras y financiamiento de campañas electorales en los países parte de esta red de corrupción; constituyen presunciones casi irrefragables de que lo acontecido en otros lares tuvo que haber sucedido aquí también, aunque se niegue.
Difícilmente podrá convencerse a la ciudadanía de que habrá justicia en este caso, pues la percepción es que hay un manejo político que ha hecho que no se incluyan en la investigación a todos los que debieran estar, que se han entresacado a quiénes someter o no a acusación con una selección que no resiste un análisis lógico y que la joya de la corona de este imperio corrupto por más que se excluya y declare inmaculada por comisión especial o por la procuraduría, seguirá siendo vista como la principal gracia concedida a ODEBRECHT, y por más que se empeñen difícilmente se creerá que esto fue a cambio de nada.
