El Día Internacional de la Mujer encuentra al país con grandes desafíos en la creación de condiciones de igualdad para la participación política, social y laboral de la mujer. Es muy probable que la celebración de esta fecha esté cargada de discursos grandilocuentes centrados en los avances de las mujeres en distintos planos de la vida nacional, en el reconocimiento de sus aportes y en las tareas aún pendientes para avanzar hacia una mayor equidad de género. Estos discursos tradicionalmente se agotan en sí mismos. Conmemorar este día, más que con palabras con hechos, parece ser el grito de una sociedad que desea menos desigualdad y más justicia.
A los tomadores de decisiones les corresponde convertir sus buenas intenciones hacia las mujeres en políticas públicas que las beneficien. Para demostrar su compromiso real con la lucha de las mujeres, las autoridades deberían dar prioridad a tres aspectos fundamentales que están afectando sus derechos. En primer lugar, no se debe seguir dándole largas a la reforma de un Código Penal que no toma en cuenta los derechos fundamentales de las mujeres. El Congreso Nacional está llamado a eliminar la disposición decimonónica que penaliza de manera absoluta el aborto. No se puede seguir condenando a la muerte a las mujeres, sobre todo a las más pobres. Se debe dotar al país de una legislación moderna que integre las tres causales como excepciones para la interrupción del embarazo.
Por otro lado, es deber del Estado llevar a cabo las acciones necesarias para que decenas de mujeres no sigan siendo víctimas de feminicidios cada año. La violencia machista en la República Dominicana es un problema muy grave que requiere de respuestas efectivas y coordinadas por parte de las instituciones públicas. Se requiere de planes integrales que cuenten con el presupuesto público suficiente para llevarse a cabo. Para reducir la tasa de feminicidios se necesita de una estrategia dirigida a cambiar la cultura machista predominante.
Por último, este Día Internacional de la Mujer encuentra al país y su sistema político con una nueva legislación en material electoral que ha implicado un profundo retroceso en materia de participación política de las mujeres. El establecimiento de cuota a partir de la propuesta nacional de candidaturas, es la concreción legal de una práctica execrable de colocar a las mujeres en aquellas demarcaciones en las que no pueden ganar. A la JCE y a los partidos políticos les corresponderá, vía reglamentos, garantizar que la cuota de género sea respetada en cada provincia y municipio. Esta será la mejor manera de celebrar un día como hoy.
