El tema de la despenalización de la difamación e injuria es algo que desde hace tiempo procuran los directores de diarios de nuestro país. En esta semana, precisamente, unas declaraciones del amigo Persio Maldonado, presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, decía que “demandas a periodistas laceran la libertad de prensa”.
Sin embargo, también y confidencialmente en este mismo diario, uno de sus articulistas más distinguidos, Miguel Guerrero decía: “la prensa no está libre de crítica”.
Todos, no importa la profesión, tenemos que estar sujetos a que nuestras opiniones no afecten a nadie y, desgraciadamente, en nuestro país cualquiera que escribe o tiene un micrófono en la mano se autodesigna comunicador, para así alegar que cualquier difamación o injuria es un atentado a la libertad de prensa.
Si todos los directores de medios escritos fueran como los que tenemos en la actualidad, un cambio de la ley no debía preocupar.
Son profesionales, todos incapaces de dañar la fama o la honra de nadie. Como seres humanos pueden perfectamente equivocarse, pero guardan una distancia como de aquí a la luna de algunos micrófonos pagados que no sólo difaman, sino que con su vocabulario ordinario dañan la gramática y son capaces de difundir cualquier improperio y mentiras para lucrarse o complacer a aquellos que por alguna razón les conviene.
Lo que debían procurar Maldonado y los demás directores de diario que propugnan por la despenalización de la difamación y la injuria es que exista un sistema judicial que no beneficie a uno sobre otros. He vivido en carne propia que para un político es más fácil conseguir una sentencia favorable por difamación, que lo es para un empresario.
Parecería que hay una especie de acuerdo o de temor de parte de algunos de nuestros jueces de impartir justicia cuando la demanda es en contra de un supuesto comunicador y ésta es hecha por un ciudadano no político.
Tal y como expresa José Báez Guerrero, en algo más que un artículo, es una lección de derecho constitucional que todos los profesionales del derecho y los directores de medios, que propugnan por despenalizar la injuria y la difamación, debían leerlo.
Empieza José diciendo que en todas las versiones de nuestras múltiples constituciones, luego del ajusticiamiento de Trujillo, está claramente establecida la libertad de prensa. Pero que la difamación y la injuria no estaban definidos, los medios de defensa para el que era demandado hasta que el presidente Rafael Bonelly, en su calidad de gran conocedor de las leyes, se auxilió del padre Robles Toledano, de ese gran maestro del periodismo como lo fue Don Germán Emilio Ornes y por igual otro destacado profesional del derecho, como lo fue Ramón Tapia Espinal, quienes redactaron una ley sobre libre expresión del pensamiento.
Aquí me voy a permitir copiar, para enriquecer a quienes pretenden despenalizar la injuria y la difamación, los principios de esta ley “prohibición de toda medida preventiva, de toda intervención y de todo control administrativo en lo que concierne a la libertad de la expresión de las ideas o la comunicación de los hechos, y reducción al mínimo de las formalidades previas a la publicación. Determinación legal de los casos en que pueda ser exigida responsabilidad de la prensa, de la radio y de la televisión, gracias a una enumeración limitativa y a una definición concreta de los delitos de prensa, excluyendo así toda posibilidad de represión arbitraria o peligrosa para la libertad de expresión”.
Miguel Guerrero, en su artículo dice: “Pero se hace de absoluta necesidad que los medios de comunicación, periodistas, columnistas y entrevistadores, aceptemos como natural y beneficioso, el que la prensa, como institución acepte la crítica que tan libremente ejerce contra terceros. Sobre todo, porque ese ejercicio acabará resultando uno de los pilares más sólidos de las garantías de la libertad de prensa”.
Hoy, gracias a Dios, la prensa escrita está en manos de propietarios y directores equilibrados y profesionales, pero, ¿Qué sucedería el día que estos medios, por cualquier motivo, pasen a manos de aquellos que se lucran de la difamación y la injuria?
La sociedad, en todos sus niveles, tiene que tener contrapesos y balances, de lo contrario sucedería como está aconteciendo en el sector político, que muchas veces las decisiones se hacen por interés particular y no por el beneficio de la nación.
