El momento que vive el país y parte de la humanidad es dramático y no tiene precedentes recientes. La pandemia del nuevo coronavirus está enfermando y matando a mucha gente a un ritmo muy acelerado y, por el momento, la única forma de detenerla es matando la economía.
El derrumbe de la producción
En la República Dominicana, caminamos con pasos firmes hacia esa situación. Una estimación muy imprecisa a partir de consultas y apreciaciones sugeriría que, en este momento, el nivel total de actividad podría alcanzar apenas el 40% del nivel normal. Sólo unos pocos sectores están produciendo al 100% de su capacidad. Estos son seguramente energía y agua y comunicaciones. En conjunto explican el equivalente al 2.4% del PIB de 2019. La agricultura (5.2% del PIB) podría estar operando a una alta capacidad, aunque hay que descontar la producción que abastecía a los hoteles y la parte que podría estar siendo afectada por restricciones a la disponibilidad de insumos y de transporte.
Según fuentes bien informadas de la industria manufacturera nacional, que en 2019 explicó el 10.2% del PIB total del país, la producción del sector podría estar en cerca del 70% del total de tiempos normales. Esto se debe al alto peso del sector alimentario en la actividad y las actividades relacionadas como la elaboración de empaques (plásticos y otras). Por razones obvias, la producción y distribución de alimentos se mantiene liberada de restricciones directas. También las actividades de minas y canteras (menos de 2% del PIB) están operando en un alto porcentaje porque la minería metálica de exportación se mantiene elevada, con el oro marcando precios récords. Sin embargo, la minería no metálica (yeso, mármol) y la extracción de agregados han declinado severamente debido a la reducción en la actividad de la construcción.
El resto de las actividades están operando a muy baja capacidad o están virtualmente cerradas. Son los casos de la construcción (12% del PIB), zonas francas (3.2%), hoteles, bares y restaurantes (7.4%), educación (5.5%), otros servicios (7.3%), transporte (8.3%), comercio (10.1%), salud (3.2%) y administración pública (4.1%). Estas actividades podrían estar operando entre cerca de 0% (hoteles y bares, educación) y 40% del nivel normal.
Esta no se trata de una reducción del nivel de actividad como cuando hay recesión. En ese caso, generalmente lo que hay es un crecimiento cada vez más lento de la producción, rara vez una caída absoluta, y sucede a lo largo de un período de tiempo relativamente largo. En contraste, lo que vemos es una caída tan drástica y repentina que, en unas pocas semanas coloca la producción y el empleo efectivo en una fracción del nivel normal. Esto solo se registra en países en guerra dentro de su propio territorio o en países o territorios afectados por un desastre natural mayúsculo.
La drástica y profunda caída en la producción arrastra hacia abajo el ingreso y la capacidad de compra de los hogares afectados por la inactividad. Sin posibilidades de recuperación inmediata debido a las políticas de aislamiento social para contener el virus, el Estado y la sociedad en general están obligados a contribuir para detener o compensar esa caída, por lo menos lo suficiente como para permitir que los hogares más afectados estén en posibilidades de adquirir alimentos y bienes básicos durante la crisis.
Eso es lo que está tratando de hacer el Gobierno dominicano recientemente, utilizando instrumentos que lleguen directamente a la gente y que complementen las medidas tributarias y monetarias previas pero que tienen efectos indirectos. El Gobierno anunció que usará dos políticas: la protección social pobre o vulnerable que está mayormente en la informalidad laboral y la protección del empleo formal para los asalariados de bajas remuneraciones.
Protección social y del empleo
En protección social usará dos instrumentos: la distribución de alimentos y el programa de transferencias monetarias Progresando con Solidaridad. Esto último es un instrumento muy poderoso porque los hogares beneficiarios están previamente identificados por su condición de pobreza y no tiene complicaciones logísticas.
En este momento, las transferencias monetarias del componente Comer es Primero benefician a unos 850 mil hogares, los cuales reciben dinero a través de medios electrónicos para adquirir alimentos y otros productos básicos. La decisión fue incrementar desde algo menos de mil hasta cinco mil pesos por mes dicha transferencia e incrementar el número de beneficiarios hasta 1.5 millones de hogares. Un incremento tan significativo supone que incluirá a hogares no pobres pero vulnerables. Se anunció también un aumento del número de negocios que participan, presumiblemente para expandir la cobertura territorial, y una dotación adicional de dos mil pesos por mes para hogares con personas en riesgo. No queda claro cómo se haría esa identificación más allá de considerar la edad de la persona.
Esto implicará un fuerte incremento en las transferencias, una expansión significativa de su alcance y un alivio notable de la crisis de liquidez de esos hogares, todo a un costo total adicional, por dos meses, de unos 14 mil millones de pesos. Es un monto bastante razonable y sin complicaciones logísticas costosas que, además, incrementa el riesgo de contagio. También contribuirá a mantener vivos a los comercios y a los negocios que participan en la cadena de suministro de alimentos.
En protección del empleo, el Gobierno diseñó el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) que subsidiará por dos meses con hasta 8,500 pesos por mes los salarios de los empleados de las empresas que cesen operaciones y que hayan suspendido a sus empleados, bajo la condición de que éstos no sean liquidados. Este es un esquema tripartito porque las empresas deberán aportar la diferencia entre el salario y el subsidio, y porque parte del subsidio público será financiado con contribuciones acumuladas y no reclamadas a la seguridad social en el capítulo de riesgos laborales, en el que los trabajadores han aportado.
La protección del empleo es un objetivo vital. El mecanismo diseñado es novedoso, pero no está clara su efectividad ni el costo que podría alcanzar porque, aunque el Gobierno dispuso 12 mil millones de pesos para ello, el costo final depende del número de empleados para los cuales sea solicitada la protección.
Además, tampoco es claro cuánto durará la crisis sanitaria. El país tiene casi 1.6 millones de asalariados en el sector privado y el salario medio debe estar cercano a los 15 mil pesos.
Hay dos grupos de población y negocios que las intervenciones no han cubierto. Primero, los negocios informales de personas que no son pobres pero cuya precaria situación económica les haría merecedoras de algún tipo de asistencia. Sería relevante encontrar mecanismos innovadores para ello como transferencias o préstamos con muy pocos requisitos y costos y plazos más largos de los usuales, quizás a través de Banca Solidaria.
Segundo, FASE no incluye las empresas que no han cerrado operaciones pero que las han disminuido y reducido el empleo como resultado de la crisis sanitaria. Parece relevante que el programa considere este tipo de empresas.
El financiamiento y la recuperación
El Gobierno identificó tres fuentes de financiamiento para las intervenciones económicas y sanitarias de emergencia: 14 mil millones de pesos de recursos acumulados de los aportes a la Seguridad Social en riesgos laborales (ya mencionados), 12 mil millones de un préstamo del Banco Central al gobierno, y ocho mil millones de pesos (150 millones de dólares) de un préstamo ya aprobado por el Banco Mundial.
Aunque los préstamos del Banco Central al Gobierno están prohibidos, la ley hace la excepción en casos de declaratoria de Estado de Emergencia y le impone un tope. Ambas condiciones fueron cumplidas. El monto prestado es bajo, cuando se le compara con el nivel total de liquidez en la economía, por lo que no tendrá consecuencias monetarias relevantes.
Sin embargo, el costo total de la respuesta a la crisis será “un menudo” comparado con el de la recuperación, fase que deberá venir después de tocar fondo y superar lo peor de la crisis sanitaria, probablemente habiendo pasado por un período de aislamiento social y ahogamiento económico más severo del que vemos ahora. Su objetivo debería ser recuperar la producción, el empleo y los ingresos, especialmente de los más pobres, al menor plazo posible. Para ello habrá que articular un paquete de estímulo fiscal de un tamaño extraordinario, proporcional a la severidad de la contracción. Supondría especialmente un programa colosal de gasto en desarrollo humano y en inversiones públicas que, forzosamente pondrá en segundo plano, por el momento, el objetivo de cerrar la brecha fiscal y frenar el endeudamiento.
Sin embargo, sin una recuperación internacional simultánea o previa el estímulo doméstico será insuficiente. Los turistas y las remesas no van a llegar ni las zonas francas y las exportaciones se reactivarán si el mundo no lo hace. Las divisas de esos u otros sectores serán clave para retomar el ritmo. Por fortuna, los países ricos están muy conscientes de eso y están actuando en consecuencia. Eso promete un entorno internacional favorable para volver a crecer.
